Archivo para corrupción

Desastres que ocultan otros desastres

Policía5_Federal_av Juárez_13 Sept 2013

Manuel Fuentes Muñiz

Periódico La Silla Rota

25/Sep/2013 00:00 HRS

http://www.lasillarota.com/opinion/item/78345-desastres-que-ocultan-otros-desastres

“Mi escuela quedó devastada, entre lodo y piedras. De la tierra sobresale un pedazo de pizarrón y restos de una banca de madera. Ya no hay nada, de lo que era mi escuela primaria.” Dice la maestra Josefina Ramírez de la sierra de Guerrero. “Familias enteras se quedaron sin nada, sus casas quedaron arrasadas y los niños están con Lee el resto de esta entrada »

TRES DAGAS CONTRA LOS MAESTROS

TRES DAGAS CONTRA LOS MAESTROS
Manuel Fuentes Muñiz
La Silla Rota
http://www.lasillarota.com/component/k2/item/75429-tres-dagas-contra-los-maestros
Las tres iniciativas de ley, como dagas, presentadas por el presidente Peña Nieto relacionadas con la reforma magisterial, representan una de las atrocidades jurídicas más graves de la historia en contra de los trabajadores y, en particular, en contra de los maestros. Es una trilogía legal creada exprofeso para anular la legislación laboral y todo tipo de resistencia colectiva frente al nuevo modelo educativo.
No es la evaluación periódica lo cuestionable en estas reformas que caminan a toda prisa, sino el desconocer los derechos magisteriales en materia de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el empleo. Es, en suma, el desconocimiento de sus derechos laborales, que significa la desaparición de la bilateralidad en sus relaciones de trabajo, de la estabilidad en el empleo, del derecho a un juicio previo antes de su separación, de la anulación de sus condiciones generales de trabajo, del derecho a organizarse y de representación colectiva.
Es anular los derechos sociales para imponer un nuevo panorama para que el Estado enfrente a los gobernados de manera aislada y no a través de sus organizaciones sociales.
El maestro en el nuevo modelo se concibe como un objeto enseñante, como una butaca más, como un pizarrón o un gis cualquiera, que a lo más sólo podrá impugnar las nuevas reglas impuestas en tribunales administrativos. Las ventanillas de los tribunales laborales estarán vedadas para los y las profesoras, puesto que ya no serán considerados como trabajadores a partir de la entrada en vigor de estas legislaciones.
Las iniciativas de la Ley General de Educación (LGE), de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE), son un conjunto de normas enlazadas entre sí para imponer a todos los congresos estatales el mismo modelo de pulverización laboral.
El Transitorio Tercero de esta iniciativa concede seis meses a las entidades federativas “para adecuar su legislación respectiva”. ¿La soberanía estatal? ¡No importa en esos proyectos que deben acatarse contra viento y marea!
Estas iniciativas son el resultado de las reformas constitucionales a los artículos 3º y 73 constitucionales, aprobadas en tan solo 78 días. El 10 de diciembre de 2012, se dio a conocer la iniciativa presidencial, y el 26 de febrero de 2013, ya se había aprobado en el Congreso Federal y en más de las dos terceras partes de los Congresos estatales bajo el auspicio del Pacto por México.
El mismo día de la publicación de las reformas constitucionales magisteriales, se puso en prisión a Elba Esther Gordillo, líder engendrada desde el poder a quién se permitió todo tipo de excesos, excepto rebelarse contra las decisiones presidenciales. Fue un golpe con varios efectos: otorgó prestigio al gobierno por atacar a líderes sindicales corruptos y, bajo esa coartada, en medio de los aplausos, anuló el derecho de organización sindical de los trabajadores del magisterio. Como los ladrones, aprovechó un descuido para robar el bolso.
Líderes sindicales venales ligados al gobierno y a las empresas que se han saciado de saquear a los trabajadores, a las finanzas públicas y hacer negocios sin límite, pusieron pies en polvorosa ante el riesgo de una acción generalizada. Pronto regresaron a la normalidad y a hacer lo de siempre; descubrieron que bastaba con aplaudir al titular del régimen en turno para seguir gozando de impunidad.
La aprobación de esta trilogía legal legitima al ejecutivo para que sustituya al legislador y sea el nuevo soberano plenipotenciario. Se dan facultades inauditas al secretario de educación pública federal para que “autorice” a los gobernadores de los estados los temas relativos al ingreso, reconocimiento, promoción y permanencia de los maestros (artículo 8 fracción I de la LGSPD).
Otorga al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como organismo público autónomo, facultades para legislar en materia de evaluación a través de la emisión de lineamientos a los que “se sujetarán” todo tipo de autoridades educativas, federales y locales (Artículos 14 y 47 de la LINEE).
Esas iniciativas, que más bien parecen edictos del rey, me recuerdan la frase que dijo Luis XIV en el siglo XVII ante el parlamento francés: “el Estado soy yo”. Nada por encima de la decisión presidencial.
La mayoría de los legisladores, jueces, magistrados y ministros se pliegan a ceder sus facultades de poder autónomo al ejecutivo federal sin condición alguna.
Por eso los legisladores apuran la aprobación de estas legislaciones oprobiosas, y los jueces desechan y niegan los amparos a cientos de miles de profesores. Todo eso, junto con las acciones del ejecutivo, son una trilogía para imponer una reforma educativa con visión individualista y de país maquilador. Pero no resultará cuando se va contra la historia.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx
Twitter: @Manuel_FuentesM

Justicia a la Carta: Manuel Fuentes Muñiz

Justicia a la carta

Manuel Fuentes Muñiz

Es vergonzosa la sentencia que emitió el juzgado Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal el pasado 19 de julio que exonera del delito de enriquecimiento ilícito y peculado a Raúl Salinas de Gortari. Es reprobable esa justicia que actúa a conveniencia de los intereses políticos en turno y que con argumentos leguleyos justifica tanta burla.

Se alega en la sentencia de 150 páginas, que se encuentra en versión pública de la causa penal 36/1997-I y acumulada 54/2002 del sitio del Consejo de la Judicatura Federal, que la Procuraduría General de la Republica (PGR) no demostró que los 224 millones de pesos que poseía Raúl Salinas provinieran de “…prácticas corruptas, irregulares o deshonestas en el desempeño del servicio público por parte del acusado”.(foja 90)

 El juez justifica su actuar con frases grandilocuentes, que ojala se aplicaran a todas las personas, en todos los casos, no importando su clase social ni sus relaciones políticas:

-“nuestro sistema penal de corte democrático, se encuentra caracterizado entre otras cosas, por el conjunto de principios establecidos a favor de la persona sujeta a proceso penal, que le permiten una defensa adecuada, pues solo mediante el cumplimiento de ciertas formalidades que dan contenido al concepto de “proceso debido”, puede ser declarada penalmente responsable en la comisión del delito imputado..” (foja 143)

Dice el juez que la Constitución “impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador y se traduce que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa..”(foja 143)

Según el juez no existen elementos de convicción en los 270 tomos que forman el expediente para sentenciar a Raúl Salinas.  El juzgador explica que al momento de dictarse auto de formal prisión contra el acusado eran distintas las reglas procesales  que ahora exige “un estándar probatorio mucho más estricto que implica la plena comprobación de la forma de participación del acusado…pues se trata de una resolución definitiva que ya no permite análisis presuntivo”.(foja 142)

De la sentencia se argumenta que la PGR no aportó los elementos necesarios para condenar a Raúl Salinas, a pesar de que el juez acepta que este personaje manejaba las cuentas “que fueron destinatarias de una parte de numerario depositado…”  “pero no se advierte que el acusado haya intervenido como participe, en la perpetración….del delito de peculado”.(fojas 137)

En otras palabras en las cuentas bancarias del acusado apareció dinero mágicamente en una cuenta que tuvieron como origen recursos públicos pero que a criterio del juez no se advierte que el acusado haya sido el ejecutor del delito de peculado.

En otras palabras, según el juzgador, te puedes beneficiar de lo indebido pero eso no te hace responsable de ningún delito.

Dice el juez que no es suficiente, en un lenguaje poco común que la:

“…maniobra de depositar, luego retirar y depositar nuevamente pero en diversa cuenta de terceros es (sea) por sí sola suficiente para afirmar que hubo distracción de dinero”.(foja 131)

Vaya manera de exculparlo, vaya vergüenza de justicia. El que recibe al final el dinero, que alteró su identidad con documentos falsos para aparecer con dos nombres de personas inexistentes y recibir depósitos bancarios en más de 60 ocasiones, bajo la óptica de la justicia, no es culpable penalmente.

El juez llega a suponer, pero que no es delito, que el incremento de recursos del acusado pudo deberse  a “…una acertada inversión en sus haberes o, de diversas razones que pudieran justificar o no contable y financieramente ese incremento..”(foja 86).

Haber adquirido Raúl Salinas 41 propiedades en nueve estados del país y con una fortuna de 224 millones de pesos valuada hace 16 años  no demuestra, según el juzgador, un enriquecimiento ilícito, cuando sus ingresos como funcionario no le permitía alcanzar esa enorme fortuna.

Pero en el extenso expediente hay constancias y conclusiones que destacan que por lo menos 17 bienes fueron adquiridos por Raúl Salinas entre 1985 y 1992 cuando era funcionario público, pero para el juez no hay elementos en su contra.

Pero vivimos en un país en que la justicia, para quién tiene más recursos y poder, se pide a la carta, en la forma que guste, con las interpretaciones que quiera.  Que mal por nuestras leyes que se han hecho a modo para burlarse de la justicia y beneficiarse del erario a placer.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx  Twitter: @Manuel_FuentesM

Artículo publicado en: http://www.lasillarota.com/inicio/item/74350-justicia-a-la-carta

Mariano Noriega: un referente de la salud en el trabajo

Mariano Noriega: un referente de la salud en el trabajo

Manuel Fuentes Muñiz

http://www.lasillarota.com/component/k2/item/69296-mariano-noriega-un-referente-de-la-salud-en-el-trabajo

 Mariano Noriega Elio fue uno de los grandes precursores del estudio de la salud laboral en México. Su trabajo de toda la vida, desde la investigación y en las aulas de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue alertar de los graves problemas que enfrentan los trabajadores en nuestro país ante la falta de políticas efectivas gubernamentales y empresariales de salud en el trabajo.

Mariano, quién falleció apenas este 20 de mayo pasado, deja un hueco irremplazable. Él, en todas sus investigaciones, no dejó de insistir en esa doble estructura legal en materia de seguridad social, una la que dictan los legisladores de aparente protección, pero imperfectas intencionalmente al carecer de sanciones y presupuesto para ejercerla; y otra, la que aplican o la que aparentan aplicar las autoridades laborales en medio de la complicidad, corrupción y desinterés para proteger la vida de los trabajadores.

Los ejemplos que reiteradamente señaló fue el siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006 en la Mina Pasta de Conchos, con 65 mineros muertos y que los restos de 63 de ellos esperan el rescate gubernamental.

El ocurrido en la plataforma “Usumacinta” de Pemex con 22 fallecidos el 23 de octubre de 2007.

La atrocidad en la guardería ABC, subrogada por el IMSS, ocurrida el 5 de junio de 2009, que trajo la muerte de 49 niñas y niños, hecho que se debió, entre otras razones, “al incumplimiento de las empresas en cuanto a normas de seguridad y, por la otra, a la omisión y negligencia de las autoridades competentes en la aplicación de éstas”.

La última vez que vi a Mariano Noriega fue en radio UAM. De estatura alta, delgado, con singular sonrisa, cabello y barba blanca y su vestir informal hacía de su sencillez contrastar con la profundidad de sus análisis.

En ese espacio radiofónico, expresó su preocupación por las reformas laborales y sus implicaciones en la salud los trabajadores. La supresión de las tablas de enfermedades laborales y de valuación de las incapacidades permanentes con el pretexto de incorporar “un conjunto de nuevas enfermedades y padecimientos relacionados con el entorno laboral” y facultar a los actores laborales (empresarios y líderes sindicales acomodaticios) para decidir a capricho, qué tipo de riesgos laborales serían reconocidos.

Una formula perversa que aceptaron los legisladores para que los riesgos de trabajo fueran el resultado de un acuerdo “bilateral” entre empresarios y líderes sindicales, cuando ésta definición corresponde al Congreso de la Unión y no al capricho de intereses soterrados.

Un hecho que ocurrió y que Mariano alertó antes de la reforma laboral, fue la supresión de las tablas de incapacidades permanentes en la ley federal del trabajo, con el propósito de eliminar su jerarquía, fuerza legal y permitir aún más su incumplimiento.

Mariano Noriega nunca fue de esos investigadores de cubículo. Sus estudios de campo ahora son un referente para estudiantes, investigadores y sindicalistas. Lo mismo trabajaba en propuestas legislativas de salud laboral como asesorando comisiones mixtas de seguridad e higiene para mejorar condiciones de trabajo.

Después de las agresiones que sufrieran los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro en Octubre de 2009, pudimos compartir con Mariano foros y conferencias de prensa en donde alertó de las pésimas condiciones de trabajo que tenían los trabajadores que suplantaban a los agremiados del SME.

Sin la capacitación ni equipo adecuado, se obligó a esos trabajadores, contratados por subcontratistas y la complicidad de la Comisión Federal de Electricidad, a laborar poniendo en riesgo su vida.

Recuerdo esas conferencias de prensa mañaneras convocadas por los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la que nos encontrábamos a las siete de la mañana, en las que Mariano Noriega expresó no solo su preocupación sino su condena por este tipo de contrataciones irregulares.

Mariano alertó la escasez de especialistas en medicina del trabajo en las universidades de nuestro país y de una formación adecuada para detectar temas de patología laboral. El decía que muchos médicos no cuentan con estudios para encontrar las causas de las enfermedades en el trabajo, ni en el IMSS ni en los consultorios de empresa.

Él denunció que, tan solo el 50% de las escuelas de medicina del país, incluyen algunas horas a temas relativos a medicina del trabajo y en posgrado se forma un número exiguo de especialistas en esa materia.

Su preocupación constante fue se reconociera un mayor número de riesgos de trabajo, pero existieran medidas efectivas para evitar la negligencia patronal. Su reclamo también fue incluir la figura del hostigamiento laboral o “mobbing” en la legislación laboral, que decía, hoy es uno de los principales problemas a erradicar en los lugares de trabajo, prácticamente en todo el mundo.

Hombres como Mariano Noriega Elio estarán presentes en la lucha de trabajadores y trabajadoras en cada mejora que logren por sus condiciones de vida y de trabajo. ¡Hasta siempre, Mariano!

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx

Twitter: @Manuel_FuentesM

La privatización de las playas mexicanas

La privatización de las playas mexicanas

Manuel Fuentes Muñiz

http://www.lasillarota.com/component/k2/item/67115-la-privatizaci%C3%B3n-de-las-playas-mexicanas

08/May/2013 00:00 HRS

Nuestros legisladores andan muy apurados en facilitar a los extranjeros se apropien de nuestras playas. En alianza, priistas y panistas de la Cámara de Diputados, aprobaron una reforma al artículo 27 constitucional para que esos espacios estratégicos pasen a manos privadas. El dictamen ya fue turnado al Senado de la República y ese grupo de legisladores anda muy apurado en aprobarlo.

En solidaridad con Laura Berenice

El priista Manlio Fabio Beltrones, impulsor del proyecto, argumentó sin rubor que esa reforma tiene el propósito de dar transparencia y seguridad jurídica a extranjeros propietarios de casas habitación en playas nacionales. Se pretende erradicar la simulación, eliminar prestanombres, promover la inversión productiva, el empleo, el crecimiento y el desarrollo regional.

Urge, dice, que lo municipios tengan más recursos económicos. La venta de playas, según él, es una buena opción para que salgamos de pobres.

¿Para quién trabaja el diputado Beltrones?

Él alega que vivimos tiempos “modernos” y que no es posible cerrar los ojos “a la perdida de vigencia” del artículo 27 constitucional para autorizar la adquisición extranjera de propiedades en litorales del país cuando sean exclusivamente para fines de vivienda y sin fines comerciales.

Esta reforma que legisladores panistas y priistas impulsan a toda prisa, es producto de las presiones que ejercen capitales extranjeros para que los jubilados principalmente de Canadá y Estados Unidos puedan poner su letrero de:

“No pasar, Propiedad Privada” para que los mexicanos seamos extranjeros en nuestra propia tierra.

Son más de un millón y medio de jubilados y pensionados norteamericanos que han tomado como colonia a nuestro país. Se han adueñado de las mejores tierras ubicadas en los mejores climas. La Fundación de Retirados dice que sus integrantes tienen preferencia por lugares que están a nivel del mar y en estados culturales.

Los miembros de esta agrupación prefieren vivir en nuestro país porque les rinde más su dinero y su tendencia de adquirir bienes inmuebles les proporciona un mejor nivel de vida del que pueden tener en su país.

Este grupo tiene una gran interlocución con nuestros gobernantes ya que las divisas que dejan aquí representan alrededor de 18 mil millones de dólares al año, apenas debajo de las que envían nuestros paisanos radicados en Estados Unidos.

Los lugares en que se instalan son espacios exclusivos para ellos, tienen sus propios restaurantes y centros de abasto, donde los mexicanos que se atreven acercarse son vistos como extraños. A los que se les da bienvenida con mucho furor es a los jardineros, trabajadoras domesticas y personal de servicio porque trabajan mucho por bajos salarios, que reciben en pesos, y además “son muy alegres” dicen ellos.

La Constitución se ha convertido en un reducto para legitimar las peores tropelías de este régimen. No representa este documento ya un proyecto de nación, sino la protección a un grupo empeñado en apropiarse de nuestros recursos naturales. Los ponen a subasta, como si fuera venta de garaje.

Introducir reformas a la Constitución cancela jurídicamente cualquier reclamo ciudadano. A partir del 3 de abril de este año no es posible recurrir al amparo contra todo tipo de reforma constitucional que se apruebe, porque la nueva ley de amparo, en su artículo 61 fracción I, declara este intento como causal de improcedencia.

Como ejemplo de ello, actualmente hay cientos de resoluciones emitidas recientemente por jueces de Distrito, declarando el archivo de amparos de trabajadores del magisterio contra las reformas constitucionales que cancelan sus derechos fundamentales.

Es la nueva dictadura, usando a la Constitución como parapeto, la que se ha impuesto con este régimen para blindar las decisiones del grupo dominante.

Los legisladores priistas y panistas andan de la mano, sin hacer mucho ruido, empeñados en permitir la entrada de capitales extranjeros en cualquier espacio de nuestro país. En la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados se atrevieron a fundamentar su petición de reforma en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la propiedad privada, olvidando los derechos de la sociedad que están sobre cualquier interés individual.

Estos legisladores mexicanos mejor deberían cambiar su nacionalidad a las de rayas y estrellas para que no sigan aparentando sus verdaderos intereses.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx

Twitter: @Manuel_FuentesM

¿Por qué protestan los maestros?, Manuel Fuentes Muñiz

¿Por qué protestan los maestros?

Manuel Fuentes Muñiz

Mientras que los maestros realizan amplias movilizaciones y protestas por todo el país, el poder judicial de la federación se apura a enfrentar los miles de amparos que se presentaron con motivo de la reforma constitucional a los artículos 3º y 73 que cancelan derechos laborales de estabilidad en el empleo, bilateralidad y representación sindical.

Como primera medida la instancia judicial decidió indebidamente concentrar en el Sexto Distrito Judicial con sede en la ciudad de Cholula, Puebla todos los amparos presentados por los trabajadores del magisterio, requiriéndoles señalar domicilio en ese lugar a riesgo de ser notificados en los estrados de esos juzgados.

Los jueces de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región de manera acelerada han empezado a desechar miles de amparos presentados a partir del 3 de abril de 2013 bajo el argumento de que la nueva ley de amparo no permite ningún de recurso contra las reformas constitucionales en materia educativa.

Normalmente son los jueces de distrito de cada región del país quienes conocen de los amparos para permitir que los trabajadores quejosos o a cualquier persona tenga la facilidad para defenderse para presentar sus defensas en la instancia más cercana a su domicilio.  La lejanía y concentración impuesta por el poder judicial es una forma de obstaculizar el recurso de amparo magisterial.

Los jueces de distrito de Cholula a quienes se les asignó la tarea laboran presurosos para limpiar el camino reduciendo en el menor número posible los amparos contra de las reformas constitucionales.

Estas medidas tomadas en perjuicio de los maestros que han presentado sus amparos denotan indicios de la falta de independencia de los jueces en la toma de sus decisiones.

Ya el secretario de educación pública Emilio Chyauffet erigiéndose en interprete del poder judicial ha vaticinado “que ninguno de los amparos interpuestos por los sindicatos magisteriales vaya a fructificar”. ¿Por qué tan seguro? ¿ya se pactó con el poder judicial que los amparos no pasaran?

A estas declaraciones del titular de la SEP se suma su inconformidad de la posibilidad de que el Congreso del Estado de Guerrero en una acción soberana contradiga el proyecto de reforma educativa impuesto por el ejecutivo federal y que ha sido avalado por los partidos dominantes PRI, PAN y PRD en el Pacto México.

Ya manifestó que en caso de que el Congreso de Guerrero apruebe la propuesta de los maestros disidentes “acudirá a la Suprema Corte de Justicia para anularla”.

También adelantándose a la decisión soberana de otro congreso estatal que pretendiera proteger los derechos laborales de los maestros señaló que “toda ley local que se haga en contra de la reforma del tercero nosotros acudiremos a la Suprema Corte para que sea declarada inconstitucional es decir para que no se aplique”.

Por otra parte el borrador de la Ley General del Servicio Profesional Docente entregada a los partidos políticos del Pacto por México, deja claro que el propósito de la misma es desmantelar y desconocer los derechos laborales de los trabajadores del magisterio.

No más la intervención sindical en los temas de ingreso, promoción, el reconocimiento y la permanencia. La anulación de todo derecho de los trabajadores del magisterio sobre sus plazas de base como cambios o promociones escalafonarias.

La pretensión es arrasar con todo rastro de derecho laboral para que sea el patrón, a través del ejecutivo federal, el único que pueda decidir sobre la permanencia de los trabajadores de los maestros en sus plazas.

Ya no más negociaciones sobre derechos laborales, ya no más condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo que permitan derechos a favor de los trabajadores.

Estas iniciativas del ejecutivo federal cancelan toda garantía de audiencia para que el trabajador del magisterio junto con su organización sindical pueda ofrecer pruebas en su defensa antes de que se aplique un cese en su perjuicio.

Ya no más derechos laborales para los trabajadores del magisterio; a partir de la reforma constitucional a los artículos 3º y 73 son derechos administrativos para revisar únicamente las medidas impuestas de manera unilateral por la autoridad.  En adelante deberá acudirse a los tribunales administrativos y no a los laborales para reclamar cualquier derecho.  

Los derechos sociales se convierten con estas medidas en derechos anulados para dar puerta a la privatización de la educación y que en su lugar impere el Servicio Profesional Docente diseñado unilateralmente sin tomar en cuenta los intereses de la sociedad.

La mejora de la educación no debe imponerse a costa de los derechos de los trabajadores porque ellos no son el obstáculo.

Son por estas medidas por las que protestan los trabajadores del magisterio al cerrarles la puerta a todo diálogo y por mandar sus derechos a la basura como si fueran viles objetos.  Pero estas medidas autoritarias, impuestas de esta manera fracasarán.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx  Twitter: @Manuel_FuentesM

La CNDH como la peor autoridad, Manuel Fuentes Muñiz

La CNDH como la peor autoridad

Manuel Fuentes Muñiz

El comportamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido vergonzoso con motivo de las contrarreformas a la ley federal del trabajo publicadas el 30 de noviembre de 2012 pasado y que afectaron gravemente los derechos humanos de los trabajadores mexicanos.

Grupos de ciudadanos, entre ellos sindicalistas, académicos, profesionistas, acudimos ante la CNDH para solicitar su intervención urgente para que promoviera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las violaciones al derecho de estabilidad en el empleo, la legitimación del subcontratismo, el condicionamiento de una productividad sin límite para el otorgamiento de contratos temporales propiciado una explotación salvaje.

Por la cancelación de derechos en el despido, por la reducción del pago de los salarios caídos, la afectación de las trabajadoras domesticas, el trabajo de los menores, los derechos de las mujeres, la desaparición del cuadro de riesgos de trabajo entre otros aspectos.

Se realizaron manifestaciones en sus instalaciones, se presentaron escritos pidiéndole una respuesta.  Se le hizo llegar toda la información para demostrarle la gravedad de las reformas laborales en perjuicio de los derechos humanos y los funcionarios de esa institución de “defensa de derechos humanos” no aparecieron por ningún lado.

Ante su falta de respuesta un grupo de abogados entre ellos Manuel de la Rosa Rivas, Héctor Barba García, Jesús Luna Arias, Flor Edith González Pardo, Roberto Julio Chávez Delgado y el autor de esta columna presentamos un amparo el 19 de diciembre de 2012  que fue recibido por el Juez Décimo Cuarto de Distrito Federal en materia administrativa en el Distrito Federal quejándonos de la falta de respuesta de la CNDH.

A nuestras peticiones que formulamos por escrito no se nos dio respuesta comportándose con esta omisión como la peor autoridad, ignorando nuestros derechos humanos de información y petición a que tenemos derecho.

En principio el juzgado negó que tuviéramos derecho a ampararnos en virtud de que no habían transcurrido 4 meses para que se consideraran violados nuestros derechos apoyándose en una vieja ejecutoria que permite esas dilaciones de cualquier autoridad.

Tuvimos que presentar un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado de Circuito para que nos fuera admitido el amparo, hecho que finalmente ocurrió y fue cuando la CNDH obligada por la instancia judicial dio respuesta a un escrito que habíamos presentado el 14 de diciembre de 2012 y que fue respondido hasta el día primero de abril de 2013. Fueron 107 días después en que se nos dio respuesta pero obligada por un amparo.

La respuesta firmada por la maestra Yolanda Leticia Escandón Carrillo como Directora General de Asuntos Jurídicos de la CNDH por la presión judicial dice:

“Hago referencia al escrito de catorce de diciembre pasado, mediante el cual pidió la promoción de inconstitucionalidad, contra la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo; sobre el particular expreso atentamente que si bien, existen algunos temas que podrían ser controversiales, lo cierto es que del análisis efectuadas a las citadas reformas, se arribó a la conclusión de que son materia de legalidad y no de una acción de constitucionalidad, lo que en su caso, pueden ser examinado por autoridades competentes a través de los medios legales específicos, en tanto impliquen un agravio personal y directo”

Esta respuesta no tenía la intención de atender una petición que habíamos formulado 107 días antes sino para justificar ante el Juez de Distrito se declarara improcedente nuestro amparo al demostrar que ya se nos había dado respuesta tarde, pero finalmente respuesta.

Es grave que instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos se comporten como apéndices del ejecutivo y en lugar de agotar ante todas las instancias posibles la defensa de los derechos humanos omiten la defensa a los trabajadores para evitar se moleste la autoridad y el sector patronal.

La CNDH dice que es una facultad presentar el recurso de inconstitucionalidad y no una obligación.  Que mal vamos  cuando reconoce una institución obligada a la defensa de los derechos humanos diga que “…existen algunos temas que podrían ser controversiales…” con motivo de las reformas a la ley federal del trabajo y simplemente justifique su indolencia con su inactividad.

La CNDH debe ser juzgada por su complicidad con gobiernos que pasan de prisa atropellando derechos humanos y eligen el silencio cuando se le hacen reclamos; sin embargo cada quincena andan apurados, muy activos esos “defensores” para cobrar puntualmente sus altos salarios a costa del pueblo.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx  Twitter: @Manuel_FuentesM