Archivo para Marchas

Los docentes, en estado de indefensión

Av_Juarez_2_13_Sept_2013_MBL

Manuel Fuentes Muñiz*

Periódico La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2013/09/21/opinion/021a2pol

A los docentes los han empujado a la maraña legal para cercarlos a como dé lugar y para decirles que ya no tienen nada que hacer. El 11 de septiembre pasado se publicaron las leyes reglamentarias y como una catapulta entraron en vigor al día siguiente. De inmediato vinieron las amenazas y la mayoría de medios de comunicación los han linchado, identificando la protesta, la movilización, como una barbaridad.

El gobierno ha buscado crear desconcierto al asegurar que no se afectan derechos laborales. Desde el Presidente de la República y gobernadores, hasta legisladores de todas las corrientes políticas. Para contrarrestar las 32 razones inaceptables en la ley del servicio profesional docente (versión actualizada), algunos han elaborado un texto en el que tratan de responder los cuestionamientos, pero se apoyan en mentiras y medias verdades. Lee el resto de esta entrada »

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Nueva etapa de resistencia magisterial

Policía4 Federal av Juárez 13 Sept 2013

Manuel Fuentes Muñiz

La Silla Rota

18/Sep/2013 00:00 HRS

http://www.lasillarota.com/component/k2/item/77771-nueva-etapa-de-resistencia-magisterial

Las movilizaciones de los últimos días, de miles de maestros en todo el país, ha sido pretexto tanto de los gobiernos federal como locales para atacar con adjetivos su movimiento; ello ha facilitado la acción policíaca para justificar el desalojo y obstrucción de manifestaciones, hecho que ha sido aplaudido por varios sectores. Lee el resto de esta entrada »

Monreal “aplaude” a abogados de rijosos

Esto dice “La Razón” el periódico de Pablo Hiriart

 Monreal “aplaude” a abogados de rijosos

El diputado federal dice que ANAD y UJM defienden a gente que no tiene culpa de lo que se les achaca por defender su libertad

http://www.razon.com.mx/spip.php?article177322

Miércoles 19 de junio 2013

El diputado Ricardo Monreal, ex coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, aplaudió que los abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y la Unión de Juristas de México (UJM) defiendan a los detenidos por cometer actos vandálicos en el Zócalo capitalino y agredir a funcionarios y policías.

“Son abogados que están siempre al servicio de las causas, ojalá hubiera muchos abogados conscientes que estuvieran defendiendo a la población”, dijo el también coordinador de la bancada del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

Al ser cuestionado sobre la defensa legal que lleva a cabo la ANAD de los siete vándalos detenidos el pasado 10 de junio y que fueron liberados bajo fianza, rechazó que porque estas mismas organizaciones tramiten amparos para el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), esa agrupación esté vinculada con los hechos violentos que se registraron durante la marcha del “halconazo”.

“Claro que no, ellos (los abogados), son gente consciente, qué bueno que estén defendiendo a la gente que no tiene dinero ni culpa en los delitos que se les achaca sólo por defender su libertad”, insistió.

Monreal Ávila comentó que el de los detenidos no es el único caso que requiere de la defensa de este tipo de abogados, por ello, “si hay abogados que estén al servicio de esas causas, está bien, no hay ningún problema, qué bueno que lo hacen”, reiteró.

Ayer, La Razón dio a conocer que la ANAD y la UJM han tramitado también recursos legales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en contra de las reformas en materia laboral y educativa, además de los que generó para Morena.

La UJM es una organización fundada por Eduardo Esquivel, ex jefe de asesores del ex secretario del Trabajo, Benito Mirón Lince, integrante de la corriente bejaranista Izquierda Democrática Nacional.

Entre los dirigentes de la ANAD está la hoy asambleísta del PRD Ernestina Godoy, ex consejera jurídica del GDF en la administración de AMLO.

La lucha callejera

La lucha callejera

MANUEL FUENTES MUÑIZ

12/Jun/2013 00:00 HRS

http://www.lasillarota.com/opinion/item/69840-la-lucha-callejera

No es buena noticia la detención de 22 jóvenes en los alrededores del zócalo de la ciudad de México por un enfrentamiento con el cuerpo de granaderos. Los hechos ocurrieron casi al final de una marcha realizada el pasado 10 de junio, en conmemoración del 42 aniversario de la matanza de 120 estudiantes durante el régimen de Luis Echeverría Álvarez.

Imágenes difundidas profusamente en medios televisivos, dan a conocer agresiones de algunos jóvenes encapuchados sobre los cuerpos policíacos con piedras, bombas molotov, palos y tubos. Parecía que la policía los dejaba hacer, sin que hubiera respuesta alguna para siquiera inhibir estos hechos

Tres policías de acuerdo a reportes oficiales resultaron afectados. Uno descalabrado, otro con quemaduras de segundo grado y otro más con fracturas en la nariz. Son delitos que anuncia la agencia del Ministerio Público por lesiones, ataques a las vías públicas y ataque a la autoridad.

Fue agredido, también, Pedro Bello Aguilar, funcionario de la Secretaría de Gobierno, que fue retenido y golpeado por varias personas ante la detención de uno de los jóvenes.

Sin embargo, hay otros vídeos que circulan en medios alternativos donde destacan detenciones sin que los jóvenes estuvieran cometiendo delito o falta alguna. En uno de los vídeos, se observa a un joven sosteniendo una cartulina mientras da la espalda a los granaderos. De pronto se ve como es jalado fuertemente por la policía para detenerlo, lo que propició uno de los enfrentamientos con los jóvenes.

La información que ha empezado a fluir en las últimas horas, destaca que varios jóvenes no fueron detenidos en el lugar de los hechos, sino en lugares distintos a donde ocurrieron éstos; por lo que debe realizarse con responsabilidad es la investigación de las autoridades ministeriales.

Durante las detenciones, ocurrieron agresiones como la infringida al joven Juan Esteban Barrera, de la UAM Azcapotzalco, quién fue golpeado hasta sufrir convulsiones. A pesar de su estado, no fue enviado de inmediato al servicio médico, sino después de varias presiones de organismos civiles.

Otros casos, como el ocurrido a Patricia Olivares, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Luis Contreras, de la Agencia Latitudes Press, quienes fueron lesionados al recibir objetos lanzados por los propios granaderos de manera indiscriminada en contra de los manifestantes.

Hay imágenes de personas vestidas de civil golpeando y pateando a jóvenes al momento de su detención, con la anuencia de la policía. Hay testigos que los detenidos, incluso, fueron subidos en vehículos sin logotipo oficial.

Estos hechos, por supuesto, no pueden justificar las agresiones que realizaron los jóvenes encapuchados en contra de la policía, pero tampoco es permisible que se detenga a cualquier persona por su apariencia o porque se encontraba cercano al lugar de los hechos.

El ministerio público también debe investigar las agresiones que cometió la policía en contra de los jóvenes y en su caso deslindar responsabilidades penales. Generalmente, en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, archivan las acusaciones en contra de la policía preventiva.

Conozco de varios hechos, como los sufridos por los vecinos de Azcapotzalco, que en protestas por la instalación de la Arena Ciudad de México, algunos de ellos fueron pateados, con lesiones en diversas partes del cuerpo y hasta con rotura de costillas y nada pasó. A pesar de presentarse diversas pruebas, se mandó al archivo por falta de evidencias.

Es necesario que la Secretaría de Seguridad Pública inicie la revisión del Protocolo de Control de Multitudes, como se comprometió ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que el actuar policial respete los derechos humanos.

Ante las evidencias, que empiezan a circular de irregularidades en las detenciones de varios jóvenes, la Procuraduría de Justicia del DF, debe revisar con cuidado cada uno de los casos para evitar generalizar responsabilidades y evitar se consigne a personas que nada tuvieron que ver con las agresiones ocurridas.

También, la autoridad ministerial debe investigar los abusos policíacos que se están presentando como evidencia en diversos vídeos y testimonios.

La investigación que realicen las autoridades ministeriales debe estar acompañada de la Comisión de Derechos Humanos, para que se vigile si fueron respetados o no los derechos humanos de los manifestantes.

No podemos acostumbrarnos a que ocurran estos hechos y aceptar que las provocaciones y la arbitrariedad gubernamental sea motivo para cuestionar el derecho de manifestación. Necesitamos respuestas.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx

Twitter: @Manuel_FuentesM

¿Por qué protestan los maestros?, Manuel Fuentes Muñiz

¿Por qué protestan los maestros?

Manuel Fuentes Muñiz

Mientras que los maestros realizan amplias movilizaciones y protestas por todo el país, el poder judicial de la federación se apura a enfrentar los miles de amparos que se presentaron con motivo de la reforma constitucional a los artículos 3º y 73 que cancelan derechos laborales de estabilidad en el empleo, bilateralidad y representación sindical.

Como primera medida la instancia judicial decidió indebidamente concentrar en el Sexto Distrito Judicial con sede en la ciudad de Cholula, Puebla todos los amparos presentados por los trabajadores del magisterio, requiriéndoles señalar domicilio en ese lugar a riesgo de ser notificados en los estrados de esos juzgados.

Los jueces de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región de manera acelerada han empezado a desechar miles de amparos presentados a partir del 3 de abril de 2013 bajo el argumento de que la nueva ley de amparo no permite ningún de recurso contra las reformas constitucionales en materia educativa.

Normalmente son los jueces de distrito de cada región del país quienes conocen de los amparos para permitir que los trabajadores quejosos o a cualquier persona tenga la facilidad para defenderse para presentar sus defensas en la instancia más cercana a su domicilio.  La lejanía y concentración impuesta por el poder judicial es una forma de obstaculizar el recurso de amparo magisterial.

Los jueces de distrito de Cholula a quienes se les asignó la tarea laboran presurosos para limpiar el camino reduciendo en el menor número posible los amparos contra de las reformas constitucionales.

Estas medidas tomadas en perjuicio de los maestros que han presentado sus amparos denotan indicios de la falta de independencia de los jueces en la toma de sus decisiones.

Ya el secretario de educación pública Emilio Chyauffet erigiéndose en interprete del poder judicial ha vaticinado “que ninguno de los amparos interpuestos por los sindicatos magisteriales vaya a fructificar”. ¿Por qué tan seguro? ¿ya se pactó con el poder judicial que los amparos no pasaran?

A estas declaraciones del titular de la SEP se suma su inconformidad de la posibilidad de que el Congreso del Estado de Guerrero en una acción soberana contradiga el proyecto de reforma educativa impuesto por el ejecutivo federal y que ha sido avalado por los partidos dominantes PRI, PAN y PRD en el Pacto México.

Ya manifestó que en caso de que el Congreso de Guerrero apruebe la propuesta de los maestros disidentes “acudirá a la Suprema Corte de Justicia para anularla”.

También adelantándose a la decisión soberana de otro congreso estatal que pretendiera proteger los derechos laborales de los maestros señaló que “toda ley local que se haga en contra de la reforma del tercero nosotros acudiremos a la Suprema Corte para que sea declarada inconstitucional es decir para que no se aplique”.

Por otra parte el borrador de la Ley General del Servicio Profesional Docente entregada a los partidos políticos del Pacto por México, deja claro que el propósito de la misma es desmantelar y desconocer los derechos laborales de los trabajadores del magisterio.

No más la intervención sindical en los temas de ingreso, promoción, el reconocimiento y la permanencia. La anulación de todo derecho de los trabajadores del magisterio sobre sus plazas de base como cambios o promociones escalafonarias.

La pretensión es arrasar con todo rastro de derecho laboral para que sea el patrón, a través del ejecutivo federal, el único que pueda decidir sobre la permanencia de los trabajadores de los maestros en sus plazas.

Ya no más negociaciones sobre derechos laborales, ya no más condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo que permitan derechos a favor de los trabajadores.

Estas iniciativas del ejecutivo federal cancelan toda garantía de audiencia para que el trabajador del magisterio junto con su organización sindical pueda ofrecer pruebas en su defensa antes de que se aplique un cese en su perjuicio.

Ya no más derechos laborales para los trabajadores del magisterio; a partir de la reforma constitucional a los artículos 3º y 73 son derechos administrativos para revisar únicamente las medidas impuestas de manera unilateral por la autoridad.  En adelante deberá acudirse a los tribunales administrativos y no a los laborales para reclamar cualquier derecho.  

Los derechos sociales se convierten con estas medidas en derechos anulados para dar puerta a la privatización de la educación y que en su lugar impere el Servicio Profesional Docente diseñado unilateralmente sin tomar en cuenta los intereses de la sociedad.

La mejora de la educación no debe imponerse a costa de los derechos de los trabajadores porque ellos no son el obstáculo.

Son por estas medidas por las que protestan los trabajadores del magisterio al cerrarles la puerta a todo diálogo y por mandar sus derechos a la basura como si fueran viles objetos.  Pero estas medidas autoritarias, impuestas de esta manera fracasarán.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx  Twitter: @Manuel_FuentesM

El protocolo “de control de multitudes”, Manuel Fuentes Muñiz

El protocolo “de control de multitudes”

Manuel Fuentes Muñiz

Iniciando la semana santa, el lunes 25 de marzo, apareció publicado un controvertido documento firmado por Jesús Rodríguez Almeida, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal llamado “Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes”.

Este llamado Protocolo, sin rubor alguno reconoce que su intención es llevar a cabo el “control de multitudes” mediante la acción policiaca. Son las multitudes su objetivo, su enemigo a vencer, para controlarlas a como dé lugar.

Más que un Protocolo de normas internas de la policía es un reglamento de manifestaciones que ni la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se ha atrevido a legislar. Ahora por la puerta de atrás llega para tratar de imponerse de manera ilegal.

Por principio de cuentas un Secretario de Seguridad Pública no puede legislar ni emitir normas que trasciendan a todas las personas porque esa facultad es exclusiva de los diputados.

El Secretario de Seguridad Pública del DF sin facultad alguna emitió un protocolo que autoriza, sin sustento legal, a sus subordinados el uso de armas de fuego o de fuerza letal “cuando no sea posible disuadir la acción violenta en que incurre la multitud”.

Ninguna ley autoriza a las fuerzas públicas hacer uso de armas contra manifestaciones y ahora resulta que este protocolo de control de multitudes lo permite de manera autoritaria.

La ley  que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de Seguridad pública del Distrito Federal en su artículo 12 dice que:

 

“El Policía sólo empleará armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia o por impedir su fuga, y sólo en el caso que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.”

 

El redactor del Protocolo dice que “se aplicará ante una multitud o grupo de personas en estado de agresividad donde se vea comprometida la integridad, los derechos y bienes de las personas, preservando las libertades, la paz pública y la seguridad ciudadana para prevenir la comisión de delitos e infracciones.”

 

¿Qué se considera como “estado de agresividad”? El protocolo de marras no lo menciona, pero tampoco ninguna ley lo reglamenta.  La redacción del Protocolo permite dejar a criterio de los mandos policiacos determinarlo. 

Una protesta social, en esencia está compuesta por personas inconformes, generalmente molestas por el actuar o la pasividad de una autoridad. Hay gritos y reclamos en mantas y cartulinas. Se hacen exigencias a las más altas autoridades demandando una respuesta. ¿Ahora estos actos se van a considerar agresivos?

El Protocolo pretende restringir los derechos de reunión, de manifestación, de petición reconocidos en nuestra Constitución y en Tratados Internacionales como derechos humanos bajo la amenaza de que cuando se considere “agresiva” una multitud se permita hacer uso de armas de fuego contra ella.

¿Bajo qué criterios van a considerar nuestros policías del Distrito Federal un “estado agresivo” de una multitud?.

Dice el protocolo que será “a juicio de quién tiene el mando en el lugar de los hechos” el que pueda tomar la decisión de usar armas de fuego, en contra de lo que llaman despectivamente “multitudes”.

¿Quién va tener la confianza en el criterio de un mando policiaco para arremeter contra una multitud?. Esta facultad ninguna norma lo autoriza.

Permite este Protocolo el uso de “sustancias irritantes” en contra de las multitudes. ¿Ya se contó con la opinión de la Secretaría de Salud o de organismos de derechos humanos para revisar sus consecuencias en la salud de las personas? No en absoluto, nunca se ha hecho consulta alguna. 

Seguramente en bodegas de alguna oficina gubernamental ya se encuentran listos estos irritantes, comprados en el extranjero, para ser usados contra la población.

No se tienen mediciones de lo que pudiera ocurrir contra personas asmáticas, alérgicas o con hipertensión arterial que inhalen una sustancia “irritante” y que pueda tener consecuencias fatales para ellos.

El protocolo permite ilegalmente a la policía capitalina ingresar a una manifestación, desde luego por medio de la fuerza, para separar “a las personas con actitud agresiva”.  Ni siquiera la Constitución permite estos actos de ninguna autoridad mucho menos lo puede hacer un protocolo firmado por un secretario de seguridad pública.

Este Protocolo de “control de multitudes” debe ser revocado de inmediato por ser violatorio a los derechos humanos en perjuicio de quienes habitamos en el Distrito Federal.

Todo gobierno debe tener capacidad de autocritica, de reconocer sus errores y enmendarlos. No hay tiempo de espera.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx  Twitter: @Manuel_FuentesM

EL DERECHO DE HUELGA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

A LOS TRABAJADORES Y A LA OPINIÓN PÚBLICA

EL DERECHO DE HUELGA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado criterios de trascendencia sobre la libertad sindical, como el voto secreto en los recuentos por la titularidad de los contratos colectivos y las facultades limitadas de las autoridades para reconocer las dirigencias sindicales. Sus resoluciones suponen avances, aunque la libertad sindical aún sea una promesa incumplida de la Constitución.

Su Segunda Sala tiene pendiente la resolución de un recurso de revisión de la que depende el derecho de huelga, un derecho de alcance universal.

El motivo es la huelga del 30 de julio de 2007 de Sombrerete, Zacatecas, que se inscribe como parte de una larga lista de agresiones a los mineros por el Grupo México, con el apoyo del Gobierno Federal, que lejos de ayudar a resolver el conflicto, lo han prolongado. La lucha de los mineros se inscribe a su vez en la lucha del pueblo por alcanzar el estado de Derecho.

Los trabajadores han tenido que resistir decisiones ilegales como la que terminó las relaciones de trabajo en Cananea, por una falsa causa de fuerza mayor, cuya evidencia quedó a la vista de todos con el reinicio inmediato de sus labores, una vez que despidió a más de mil mineros. En esa ocasión, un juez y un tribunal colegiado avalaron las arbitrariedades de la Junta Federal.

En la mina zacatecana, el Grupo México pidió a la Junta declarar que la huelga es imputable al Sindicato, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 469 y 937 determina que es un derecho exclusivo del sindicato. La Junta desechó la demanda, pero un juez concedió a la empresa el amparo, lo que constituye un grave atentado al derecho de huelga, ya que al otorgar al patrón una acción igual que a los trabajadores, permite al patrón concluir la huelga y reanudar labores en un tiempo breve, quitando a la huelga toda su fuerza y eficacia.

El Sindicato Minero pidió a la Corte que anulara esa sentencia, porque se trata simple y llanamente, de reivindicar uno de los derechos humanos universalmente reconocido, a tono con las recientes reformas al artículo 1º de la Constitución.

Sin embargo, se sabe que la ponencia presentó dos proyectos de resolución en sentidos opuestos y el voto mayoritario podría terminar con el derecho de huelga.

La huelga no es un derecho absoluto, la limitan diversas reglas y requisitos que hay que cumplir antes de iniciarla: que se declare inexistente o ilícita, e incluso que el patrón se allane a las peticiones del sindicato y reanude los trabajos. Sobre esas limitaciones, además, privan las dificultades que han de pasar los obreros y sus familias, mientras no reciben salarios. La huelga es para ellos un sacrificio mayor que las incomodidades que pueda tener el patrón.

La huelga no es deseable, pero no cabe duda que sigue siendo la única vía legal con la que cuentan los trabajadores, para “conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital”, como lo reconocen la Constitución y los tratados internacionales.

Los costos de la huelga nunca han sido un argumento válido para acabar con este derecho, menos lo puede ser para su duración. Cuando empresa y gobierno se oponen al arreglo conciliatorio, con el que concluyen el 99% de las huelgas.

Hay que decir además que los trabajadores, con justa razón, desconfían de las juntas de conciliación y arbitraje, que no son independientes e imparciales, como lo ha demostrado la Junta Federal durante el conflicto minero. Por ello, los sindicatos casi nunca someten a su consideración la imputabilidad de la huelga.

Si la Suprema Corte decidiera anular la huelga, acabaría con uno de los derechos fundamentales más apreciados, por el que los obreros del mundo han luchado desde el siglo XVIII. El retraso que implicaría, sería una vergüenza para los que aún estamos orgullosos de que nuestra Carta Magna haya sido la primera en todo el mundo en elevar el derecho de huelga a rango constitucional, poniendo así un gran ejemplo a toda la humanidad.

Arnaldo Córdova, Néstor de Buen, Jesús Campos Linas, Porfirio Muñoz Ledo, Adela Salazar, Alfonso Bouzas, Héctor Santos Azuela, Jorge Olvera Quintero, Enrique Larios, Octavio Lóyzaga, Estela Ríos, Quetziquel Flores, Raúl Jiménez, Pilar Noriega, Manuel Fuentes, Carlos de Buen, Arturo Alcalde, María Luisa Campos, Karla Micheel, David Peña, Edith Ramírez, Pedro Robles, Javier Huerta, Samuel Porras, Maricarmen Fernández, María teresa Guerra, Gustavo Yahir Chalico, Vidal Rojas, Medardo Bañuelos y otras firmas.

Raúl Vera, Francisco Gallardo, Mariano Noriega, Manuel Pérez Pantoja, Cristina Laurell, Josefina Morales, Arturo Guillén, Huberto Juárez, Edur Velasco, Emilio Reza, Rosa María O`Leary, Leopoldo Santos, Mauricio Macossay, Marta Quesada, Camila Carrión, Guadalupe Cortés,

Martín Esparza, Francisco Hernández Juárez, Benito Bahena, Agustín Rodríguez, Napoleón Gómez Urrutia, José Núñez Velázquez, Sergio Tolano, Roberto Hernández, Jesús Torres, Arturo Figueroa, Jorge Rountré, Arturo Figueroa, Adrián Pedrozo, Francisco  Carrillo, Héctor de la Cueva,

España: Laura Mora, Amparo Merino, Antonio Baylos, Joaquín Aparicio. Argentina: Horacio Meguira, Guillermo Gianibelli. Estados Unidos: Robín Alexander, Dean Hubbard. Uruguay: Hugo Barreto. Chile: Estrella Zúñiga. Colombia: Arturo Portilla. Brasil: Luiz Salvador y ALAL, Luis Carlos Moro. Cuba: Lidia Guevara, Antonio Raudilio Sánchez y UNJC. Perú: Jorge Rendón y APAL. Canadá: