La Asociación Nacional de Abogados Democráticos informa

A todos nuestros simpatizantes, asociados y al Pueblo de México:

Esta es nuestra página oficial, somos una asociación nacional con 29 años de historia. Nuestra organización fue fundada por miembros del FNAD, lidereados por Jesús Campos Linas y Emilio Krieger Vázquez. Contamos con secciones que son parte de nuestra organización nacional. No reconocemos ni tenemos ningún tipo de asociaciones filiales como tampoco asesoramos directamente ningún tipo de asunto o trámite jurídico, nuestra opinión e instrumentos jurídicos en su caso son gratuitos.

ATENTAMENTE

DR. ROBERTO JULIO CHÁVEZ DELGADO

PRESIDENTE NACIONAL DE ANAD

Reunión virtual de la ANAD por motivo del día del abogado 12 de julio del 2020

CRISIS Y REBELIÓN. 2020 EN LOS ESTADOS UNIDOS: UNA LECTURA CON AMÉRICA LATINA

Evento de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas

Pronunciamiento endeudamiento en Colima

Ciudad de México, 07 de julio de 2020

A la Opinión Pública

Al Pueblo del Estado Libre y Soberano de Colima

La democracia y soberanía del pueblo de Colima ha sido lastimada. Nuestra solidaridad con las y los diputados del Estado de Colima, que han defendido gallardamente el mandato de la población defendiendo la Constitución y la ley, en contra del ilegal e inconstitucional endeudamiento aprobado en sesión virtual en perjuicio del pueblo de Colima.

     Condenamos tanto las acciones del titular del Poder Ejecutivo Estatal al violar la inmunidad parlamentaria y permitir que las fuerzas del orden público violentaran a representantes democráticos en el ejercicio de las funciones para que fueron electos, como también el actuar de los demás diputados quienes en lugar de propiciar el dialogo y debate impusieron una carga al pueblo de Colima.

      En consecuencia, solicitamos la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado para que investigue las agresiones a los representantes del pueblo que defendían los intereses de éste, así como estudiaremos y pondremos a disposición de las y los ciudadanos instrumentos de defensa legal gratuita para que hagan valer sus derechos en contra de la imposición económica (deuda) realizada.

ATENTAMENTE

LOS DERECHOS SE DEFIENDEN EJERCIENDOLOS

Dr. Roberto Julio Chávez Delgado                Lic. Jonathan Lauro Sol Orea

PRESIDENTE                                            COORDINADOR NACIONAL                

             DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS

Pronunciamiento Susana Prieto

Ensenada Baja California, 10 de junio de 2020

Al Pueblo de México

Al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas

Al Gobierno del Estado de Tamaulipas

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), externa su preocupación por la posible violación a los derechos humanos de la defensora de trabajadores Susana Prieto Terrazas, quien fue detenida mediante una orden de aprehensión el pasado lunes 8 de junio de 2020 en la Ciudad de Matamoros Tamaulipas, bajo una supuesta denuncia por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, bajo la acusación aparente de los delitos de privación ilegal de la libertad y delitos contra los servidores públicos.

   Al respecto manifestamos que estaremos muy atentos al proceso, pues como sabemos por los medios de información los delitos por los que se le pretende formular imputación no son delitos de prisión preventiva oficiosa, por tanto, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales deberá enfrentar su proceso en libertad, siendo incluso innecesaria la orden de aprehensión ordenada, pues existían otros medios de conducción.

    Nuestra organización no permitirá bajo ninguna circunstancia la violación de los derechos humanos, por ello, hacemos un respetuoso llamado tanto a las autoridades del Estado de Tamaulipas con la finalidad del respeto absoluto a la dignidad y derechos de la abogada Susana Prieto Terrazas, y en consecuencia su  libertad

ATENTAMENTE

LOS DERECHOS SE DEFIENDEN EJERCIENDOLOS

Dr. Roberto Julio Chávez Delgado                 Lic. Jonathan Lauro Sol Orea

PRESIDENTE                                                                                    COORDINADOR NACIONAL               

Pronunciamiento ataque a compañeros Jorge Velasco y Vladimir Parra

Ciudad de México, 29 de mayo de 2020

A la Opinión Pública

Al Pueblo de México

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), se solidariza con los luchadores sociales Jorge Velasco Rocha y Vladimir Parra, toda vez que se ha iniciado una campaña de desprestigio y linchamiento mediático en su contra por acciones de lucha democrática en Colima, condenamos cualquier limitación o violación de sus derechos humanos y desde aquí anunciamos que como organización de defensa de derechos humanos estaremos atentos a cualquier acción antidemocrática del gobierno de Colima en contra de éstos.

La crítica debe ser siempre parte de cualquier gobierno democrático, donde exista tolerancia, respeto y protección de los derechos humanos.

ATENTAMENTE

LOS DERECHOS SE DEFIENDEN EJERCIENDOLOS

Dr. Roberto Julio Chávez Delgado                                                Lic. Jonathan Lauro Sol Orea

PRESIDENTE                                                                                    COORDINADOR NACIONAL                

         DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS

PRONUNCIAMIENTO DISCUSIÓN AMPARO EN REVISIÓN 928/2019

Ciudad de México a 15 de mayo de 2020

Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea Ministro Presidente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.   
Ministros que integran la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Al pueblo de México

El pasado 13 de mayo del año en curso se encontraba programado de acuerdo a las listas de sesión la discusión del proyecto de Resolución del Amparo en Revisión A.R. 928/2019, dicho proyecto se encuentra en consulta pública en la lista de sesión antes mencionada, dicho recurso es seguido por los quejosos Nazario Diego Tellez y Otros, así como otros diversos recurrentes, en contra de la resolución de fecha 26 de septiembre de 2018 dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con Residencia en San Andrés Cholula, dentro del expediente de Amparo Indirecto 1017/2015, en el cual se discute la Constitucionalidad de los artículos  6, primer párrafo, 7, fracción VI, 10, primer párrafo, 13, párrafos primero y tercero, 13 bis, 15 y 19, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, de la Ley Minera, proyecto de resolución rechazamos por los siguientes motivos:

Como ya es conocido por la SCJN, la discusión y denuncia de constitucionalidad o no de los diversos artículos antes mencionados de la Ley Minera fue realizada por diversos Ciudadanos integrantes del Poblado Masewal de Cuetzalan, una comunidad indígena asentada en la Sierra Norte del Estado de Puebla en el año 2015, derivada de la afectación que sufrió dicha comunidad en virtud de que parte de su territorio se puso como territorio sujeto a concesiones mineras como son los territorios denominados Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila sin ser esta comunidad libre y autónoma para determinarse de acuerdo a sus usos y costumbres, consultada para realizar tal concesión en temimos de los artículos 2 de la Constitución Federal y 6 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, en contra del Congreso de la Unión y diversas autoridades federales y locales, que de acuerdo a sus facultades y competencias intervinieron en la publicación o tienen injerencia o relación en materia de minería, autoridades señaladas como responsables, mediante un juicio de amparo indirecto bajo el número de expediente 1017/2015 del cual conoció el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con Residencia en San Andrés Cholula.

Siendo el caso que el pasado 26 de septiembre de 2018, la autoridad de amparo sobreseyó el juicio aduciendo falta de interés jurídico para cuestionar los diversos artículos de la Ley Minera, otorgando el amparo únicamente a los quejosos contra la expedición e inscripción de los títulos de concesiones mineras de explotación en diversos números y respecto a los territorios antes mencionados, para el efecto de que la autoridad competente emita un nuevo pronunciamiento respecto a la procedencia de su expedición, debiendo previamente ordenar una consulta al pueblo de la Sierra Norte de Puebla, cumpliendo los parámetros ahí establecidos.

Derivado de lo anterior los quejosos presentaron un recurso de revisión en contra de dicha resolución, admitiendo el tribunal colegiado dichos recursos y declarándose incompetente y remitiéndolo a la Suprema Corte de Justicia para la resolución por tratarse de un tema de Constitucionalidad.

Es el caso, que la SCJN admitió dicho recurso y fue turnada para la elaboración de su resolución siendo el ministro ponte el Ministro Javier Laynez Potisek, el cual en esencia determino:

94. (…) el hecho de que tales disposiciones prevean dichos supuestos y consecuencias jurídicas no implica que, como tal, el contenido de la Ley Minera se vincule con los derechos y prerrogativas de los pueblos y comunidades indígenas y, por ende, que las responsables estaban obligadas a otorgar consulta previa a su emisión.

108. En consecuencia, es infundado el concepto de violación en estudio, porque el hecho de que las normas reclamadas no prevean el derecho de consulta de los pueblos y comunidades indígenas previo a la emisión de los títulos de concesión minera, no implica que sean inconstitucionales por omisión legislativa y, menos, que en los casos concretos de aplicación no deba respetarse, pues dicha prerrogativa deriva de los textos constitucional y convencional antes analizados. 109. Y es que como lo ha establecido este Alto Tribunal en múltiples precedentes la omisión legislativa es reprochable cuando, entre otros casos, teniendo la obligación de legislar de cierta manera, el legislador ordinario no lo hace. Si como se indicó, la Ley Minera no se vincula directamente con los derechos y prerrogativas de los pueblos indígenas, es claro que no estaba obligado a prever en el procedimiento de otorgamiento de títulos de concesiones mineras el derecho de consulta previa. 110. Máxime que, se reitera, tal derecho fundamental deriva de normas de jerarquía superior, como son los artículos 2 de la Constitución Federal y 6 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo. 111. En las relatadas circunstancias, al resultar infundados los argumentos de la quejosa, lo que se impone es, en la materia del recurso competencia de esta Segunda Sala, modificar la sentencia recurrida y negar el amparo contra los artículos 6, primer párrafo, 7, fracción VI, 10, primer párrafo, 13, párrafos primero y tercero, 13 bis, 15 y 19, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, de la Ley Minera.

De esa forma, se concluyó, los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados previamente mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo a través de sus representantes, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarlos directamente.

Decisión que resulta incongruente, puesto que si bien en el contenido del cuerpo del proyecto de sentencia menciona, resalta la importancia del derecho a la consulta de los pueblos indígenas en los términos constitucionales y convencionales, máxime que menciona su importancia y aplicación en diversos asuntos de trascendencia para el Máximo Tribunal Constitucional y que en el presente asunto tan trascendente para México no se apliquen los mismos criterios.

Ante tal situación nuestra organización considera que es importante que este Máximo Tribunal Constitucional haga un análisis más preponderante al tomar la resolución del caso que comentamos, para reivindicar el derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas de acuerdo a sus usos, costumbres, raíces y tradiciones que no buscan más que la defensa de su identidad y patrimonio cultural y natural, producto de una larga lucha que ha marcado la historia de nuestro país, justo más de 500 años, asimismo preponderando en el respeto a sus territorios como fuente de vida y sustentabilidad para su desarrollo, creemos que es importante que nuestro máximo Tribunal haga un análisis más a fondo sobre estos temas retomando el principio constitucional de la propiedad originaria de la nación en términos de los artículos 1 y 27 Constitucional y la Supremacía de la realidad en donde muchas empresas Mineras han destruido la naturaleza, agricultura, fauna, flora de nuestro país a costa de intereses económicos de grandes oligarcas nacionales e internacionales. Toda vez que son derechos indivisibles, no tomarlos así lleva a incongruencias discriminatorias, lesionando los derechos humanos básicos de los pueblos indígenas.

En este sentido y tal como lo han manifestado los quejosos retardar la sesión o en la mejor de las circunstancias realizar una reunión virtual con estos para que puedan allegar mayores elementos de viva voz de los afectas para que este máximo Tribunal pueda llegar a una decisión favorable para los quejosos y trascendental para la historia de la justicia en nuestro país.      

ATENTAMENTE

LOS DERECHOS SE DEFIENDEN EJERCIENDOLOS

Dr. Roberto Julio Chávez Delgado

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS

Desplegado en 2012 de la ANAD

Análisis sobre subcontratación del Lic. Adrián Jiménez Mondragón, miembro de la ANAD.

Comentario del expresidente de la ANAD Nahir Velasco en torno al procedimiento de Huelga.