Archivo para Sindicatos

Nueva etapa de resistencia magisterial

Policía4 Federal av Juárez 13 Sept 2013

Manuel Fuentes Muñiz

La Silla Rota

18/Sep/2013 00:00 HRS

http://www.lasillarota.com/component/k2/item/77771-nueva-etapa-de-resistencia-magisterial

Las movilizaciones de los últimos días, de miles de maestros en todo el país, ha sido pretexto tanto de los gobiernos federal como locales para atacar con adjetivos su movimiento; ello ha facilitado la acción policíaca para justificar el desalojo y obstrucción de manifestaciones, hecho que ha sido aplaudido por varios sectores. Lee el resto de esta entrada »

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32 Razones inaceptables en la Ley General del Servicio Profesional Docente (versión actualizada)* Manuel Fuentes Muñiz

Porque:

  1.  Viola los principios de universalidad,      interdependencia, indivisibilidad y progresividad previstos en el artículo      1º Constitucional al anular derechos humanos laborales de los docentes.(Transitorio      Segundo)**
  2. Se aplica de      manera retroactiva la ley en perjuicio de quienes laboran actualmente en      educación básica y media superior, contrariando el artículo 14      Constitucional. (Art.1)
  3. Afecta a todos      los trabajadores magisteriales a nivel federal, estatal, del Distrito      Federal, municipal y de organismos descentralizados. (Art. 3)
  4. Se derogan todos los      derechos adquiridos. (Transitorio Segundo)
  5. Desconoce la calidad “de      trabajadores” a quienes laboran en el magisterio al convertirlos en      “sujetos administrativos” en contravención al artículo 123 Constitucional.
  6. Cuatro derechos como el      ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el empleo magisterial son      ahora “condiciones administrativas” y dejan de ser derechos laborales con      repercusiones bilaterales.(Art. 1, 71 y 75)
  7. Otorga facultades al      Secretario de Educación Pública federal (SEP), léase presidente de la      república, estar por encima de la soberanía de los estados de la república      para aprobar lineamientos en los cuatro derechos.(Art. 10)
  8. Permite a la SEP      imponer  lineamientos generales en      la prestación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela en la      Educación Básica. (art. 10 VII)
  9. Permite al Instituto      Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) imponer y      autorizar,  por encima de la      soberanía de los Estados, lineamientos a todo tipo de autoridades      educativas y organismos descentralizados para evaluación de los cuatro derechos.      (art. 7, III)
  10. Autoriza al INEE imponer      los procesos de evaluación a todo tipo de autoridades educativas y organismos      descentralizados. (Art. 7, I y III)
  11. Faculta a la SEP y al      INEE, para efectos administrativos, interpretar unilateralmente la ley.      (Art. 67)
  12. No considera la      participación sindical en los procesos de observación de las evaluaciones.      (Art. 7 III g))
  13. Se anula la intervención      de cualquier tipo de sindicato o coalición magisterial para representar a      los docentes.
  14. Los cuatro derechos no      son materia de Condiciones Generales de Trabajo.
  15. Sustituye al Trabajo      Docente basado en derechos laborales       por el Servicio Profesional Docente sujeto a procedimientos      unilaterales administrativos.
  16. Enfrenta al docente como      sujeto administrativo aislado a la estructura estatal.
  17. Sustituye los tribunales      laborales por tribunales administrativos para resolver los casos de ingreso,      promoción y reconocimiento.(Arts. 71, 75 y 80)
  18. La inamovilidad  en el empleo se anula al sustituirse el      juicio previo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA)      por un juicio sumario administrativo que conoce y resuelve el mismo      patrón.(Art. 75)
  19. El juicio sumario inicia      con la notificación al afectado de las posibles irregularidades para que      las aclare en un plazo de diez días hábiles ante el mismo patrón y éste en      un plazo igual dicte resolución ordenando, y en su caso la separación      inmediata. (Art. 75)
  20. En el juicio sumario no      se contempla la intervención sindical ni apoyo de las Condiciones      Generales de Trabajo para la defensa del docente.
  21. El TFCA evaluará el cese      del docente con base en el procedimiento administrativo maquinado por el      patrón.(Art. 75)
  22. Los nombramientos      definitivos se pueden anular en cualquier momento por la existencia de un      juicio sumario en el que el patrón es juez y parte.(Art. 75)
  23. Crea la figura de      contratos “por tiempo fijo” que a su término no son renovables a pesar de      existir la materia de trabajo. (Arts. 23, II y 30)
  24. Crea contratos temporales      para evitar la definitividad a través del “nombramiento provisional” para      cubrir una vacante menor a seis meses. (Art. 4 XVIII inciso a))
  25. El “proceso de      compactación” contempla contratos “por horas” lo que permite      fraccionar  el pago salarial a los      maestros. (Arts. 42 II c)
  26. Permite al patrón      unilateralmente separar al docente cuando a su criterio éste incumpla con      la prestación de los servicios en la Escuela de su adscripción. (Artículo 69 fracción III)
  27. Permite discrecionalmente      el cese cuando se considere hubo      cambios de adscripción, sin previa autorización y en los términos      previstos en la ley. (Artículo      69 fracción III)
  28. Permite el cese sin      responsabilidad gubernamental cuando a criterio de la autoridad el      personal no se sujete a los procesos de evaluación. (Transitorio Octavo)
  29. Permite el cese sin      responsabilidad gubernamental cuando a criterio de la autoridad el      personal no se incorpore a los procesos de regularización. (Transitorio      Octavo)
  30. Se establecen 8 causales      adicionales de cese sin responsabilidad gubernamental y a criterio de la      autoridad. (Arts. 69 y 74)
  31. Permite la separación      cuando el personal docente no asista por más de tres días consecutivos o      discontinuos en un periodo de 30 días naturales quedando la justificación      a criterio de la autoridad. (art. 76)
  32. Toda separación de los      puestos es unilateral porque quién aplica la sanción es quién conoce de la      revisión. (Art. 75)

*Con base en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013.

** Los Artículos y Transitorios señalados en paréntesis se refieren a la LGSPD

 Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx  Twitter: @Manuel_FuentesM

32 Razones INACEPTABLES en la Ley General del Servicio Profesional Docente

32 Razones INACEPTABLES en la Ley General del Servicio Profesional Docente

MANUEL FUENTES MUÑIZ

La Silla Rota

http://www.lasillarota.com/inicio/item/76018-32-razones-inaceptables-en-la-ley-general-del-servicio-profesional-docente

 Porque:

1.    Se aplica de manera retroactiva la ley en perjuicio de quienes laboran actualmente en educación básica y media superior, contrariando el artículo 14 Constitucional. (Art.1)

2.    Afecta a todos los trabajadores magisteriales a nivel federal, estatal, del Distrito Federal, municipal y de organismos descentralizados. (Art. 3)

3.    Se derogan todos los derechos adquiridos (Transitorio Segundo)

4.    Las autoridades educativas pueden anular derechos “sin necesidad de declaración judicial”. (Arts. 32, 40, 44)

5.    Desconoce la calidad “de trabajadores” a quienes laboran en el magisterio al convertirlos en “sujetos administrativos” violando el artículo 123 Constitucional.

6.    Cuatro temas: ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el empleo magisterial  son ahora “condiciones administrativas” y dejan de ser derechos laborales.

7.    Otorga facultades al Secretario de Educación Pública federal (SEP), léase presidente de la república, para estar por encima de la soberanía de los estados de la república para autorizar a los gobernadores lineamientos en los cuatro temas.(Art. 8- I)

8.    Permite a la SEP imponer  lineamientos generales en la prestación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela en la Educación Básica. (art. 10 VII)

9.    Permite al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) imponer y autorizar,  por encima de la soberanía de los Estados, lineamientos a todo tipo de autoridades educativas y organismos descentralizados para evaluación de los cuatro temas. (art. 7 IV, V, VI)

10.Faculta a la SEP y al INEE, para efectos administrativos, interpretar unilateralmente la ley. (Art. 67)

11.Autoriza al INEE imponer los procesos de evaluación para los cuatro temas que corresponde calificar a las autoridades educativas y a los organismos descentralizados. (Art. 7 XIII)

12.No considera la participación sindical en los procesos de observación de las evaluaciones. (Art. 7 XV)

13.En los cuatro temas se anula la intervención de cualquier tipo de sindicato o coalición magisterial.

14.Los cuatro temas no son materia de Condiciones Generales de Trabajo.

15.Sustituye el Trabajo Docente  por el Servicio Profesional Docente.

16.Enfrenta al docente como sujeto administrativo aislado a la estructura estatal.

17.Sustituye los tribunales laborales por tribunales administrativos en casos de conflicto de los cuatro temas.(Art. 84)

18.Desaparecen los nombramientos de base para quienes ya lo tienen y para los de nuevo ingreso.(Transitorio Octavo)

19.Desaparecen los nombramientos de base para quienes ejerzan funciones de dirección “sin el nombramiento respectivo” condicionado a evaluaciones unilaterales.(Transitorio Décimo Cuarto)

20.Crea la figura de contratos “por tiempo fijo” de naturaleza eventual, en sustitución de los nombramientos de base.(Arts. 23, 30 y Transitorio Octavo)

21.Crea la figura de “nombramiento provisional” para cubrir una vacante temporal menor a seis meses. (Art. 4 XVII)

22.El “proceso de compactación” permite contratos “por horas” y con ello fraccionar  el pago salarial a los maestros. (Arts. 42 c), Transitorio Décimo Segundo)

23.Desaparece el derecho de inamovilidad en el empleo.

24.Instaura un procedimiento autoritario que permite la separación inmediata sin que haya la garantía de audiencia prevista en la legislación laboral. (art. 70)

25.Se establece como causal de separación sin responsabilidad de las autoridades la negativa a participar en los procesos de evaluación sin considerar la antigüedad y nivel académico. (Transitorio Octavo)

26.Se establece como causal de separación sin responsabilidad gubernamental la negativa a participar en los programas de regularización sin considerar la antigüedad y nivel académico. (Transitorio Octavo)

27.Se establece como causal de separación sin responsabilidad gubernamental obtener resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación y no se incorpore al proceso de regularización sin considerar la antigüedad y nivel académico. (Transitorio Noveno)

28.Se establece como causal de separación sin responsabilidad gubernamental obtener resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación con base en criterios unilaterales. (Transitorio Noveno)

29.Se cancela el derecho a la reinstalación en el empleo o de indemnización con pago de salarios caídos en caso de separación injustificada. (Transitorio Octavo y Noveno)

30.Se establecen 8 causales adicionales de terminación de los efectos del nombramiento sin responsabilidad gubernamental sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. (Arts. 69 y 74)

31.Se permite la separación cuando el personal docente no asista por más de tres días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales. (art. 76)

32.La razón de la separación del puesto es unilateral y la autoridad que aplica la sanción es la misma que conoce de la revisión, convirtiéndola en juez y parte. (Art. 80)

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TRES DAGAS CONTRA LOS MAESTROS

TRES DAGAS CONTRA LOS MAESTROS
Manuel Fuentes Muñiz
La Silla Rota
http://www.lasillarota.com/component/k2/item/75429-tres-dagas-contra-los-maestros
Las tres iniciativas de ley, como dagas, presentadas por el presidente Peña Nieto relacionadas con la reforma magisterial, representan una de las atrocidades jurídicas más graves de la historia en contra de los trabajadores y, en particular, en contra de los maestros. Es una trilogía legal creada exprofeso para anular la legislación laboral y todo tipo de resistencia colectiva frente al nuevo modelo educativo.
No es la evaluación periódica lo cuestionable en estas reformas que caminan a toda prisa, sino el desconocer los derechos magisteriales en materia de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el empleo. Es, en suma, el desconocimiento de sus derechos laborales, que significa la desaparición de la bilateralidad en sus relaciones de trabajo, de la estabilidad en el empleo, del derecho a un juicio previo antes de su separación, de la anulación de sus condiciones generales de trabajo, del derecho a organizarse y de representación colectiva.
Es anular los derechos sociales para imponer un nuevo panorama para que el Estado enfrente a los gobernados de manera aislada y no a través de sus organizaciones sociales.
El maestro en el nuevo modelo se concibe como un objeto enseñante, como una butaca más, como un pizarrón o un gis cualquiera, que a lo más sólo podrá impugnar las nuevas reglas impuestas en tribunales administrativos. Las ventanillas de los tribunales laborales estarán vedadas para los y las profesoras, puesto que ya no serán considerados como trabajadores a partir de la entrada en vigor de estas legislaciones.
Las iniciativas de la Ley General de Educación (LGE), de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE), son un conjunto de normas enlazadas entre sí para imponer a todos los congresos estatales el mismo modelo de pulverización laboral.
El Transitorio Tercero de esta iniciativa concede seis meses a las entidades federativas “para adecuar su legislación respectiva”. ¿La soberanía estatal? ¡No importa en esos proyectos que deben acatarse contra viento y marea!
Estas iniciativas son el resultado de las reformas constitucionales a los artículos 3º y 73 constitucionales, aprobadas en tan solo 78 días. El 10 de diciembre de 2012, se dio a conocer la iniciativa presidencial, y el 26 de febrero de 2013, ya se había aprobado en el Congreso Federal y en más de las dos terceras partes de los Congresos estatales bajo el auspicio del Pacto por México.
El mismo día de la publicación de las reformas constitucionales magisteriales, se puso en prisión a Elba Esther Gordillo, líder engendrada desde el poder a quién se permitió todo tipo de excesos, excepto rebelarse contra las decisiones presidenciales. Fue un golpe con varios efectos: otorgó prestigio al gobierno por atacar a líderes sindicales corruptos y, bajo esa coartada, en medio de los aplausos, anuló el derecho de organización sindical de los trabajadores del magisterio. Como los ladrones, aprovechó un descuido para robar el bolso.
Líderes sindicales venales ligados al gobierno y a las empresas que se han saciado de saquear a los trabajadores, a las finanzas públicas y hacer negocios sin límite, pusieron pies en polvorosa ante el riesgo de una acción generalizada. Pronto regresaron a la normalidad y a hacer lo de siempre; descubrieron que bastaba con aplaudir al titular del régimen en turno para seguir gozando de impunidad.
La aprobación de esta trilogía legal legitima al ejecutivo para que sustituya al legislador y sea el nuevo soberano plenipotenciario. Se dan facultades inauditas al secretario de educación pública federal para que “autorice” a los gobernadores de los estados los temas relativos al ingreso, reconocimiento, promoción y permanencia de los maestros (artículo 8 fracción I de la LGSPD).
Otorga al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), como organismo público autónomo, facultades para legislar en materia de evaluación a través de la emisión de lineamientos a los que “se sujetarán” todo tipo de autoridades educativas, federales y locales (Artículos 14 y 47 de la LINEE).
Esas iniciativas, que más bien parecen edictos del rey, me recuerdan la frase que dijo Luis XIV en el siglo XVII ante el parlamento francés: “el Estado soy yo”. Nada por encima de la decisión presidencial.
La mayoría de los legisladores, jueces, magistrados y ministros se pliegan a ceder sus facultades de poder autónomo al ejecutivo federal sin condición alguna.
Por eso los legisladores apuran la aprobación de estas legislaciones oprobiosas, y los jueces desechan y niegan los amparos a cientos de miles de profesores. Todo eso, junto con las acciones del ejecutivo, son una trilogía para imponer una reforma educativa con visión individualista y de país maquilador. Pero no resultará cuando se va contra la historia.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx
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¿Por qué protestan los maestros?, Manuel Fuentes Muñiz

¿Por qué protestan los maestros?

Manuel Fuentes Muñiz

Mientras que los maestros realizan amplias movilizaciones y protestas por todo el país, el poder judicial de la federación se apura a enfrentar los miles de amparos que se presentaron con motivo de la reforma constitucional a los artículos 3º y 73 que cancelan derechos laborales de estabilidad en el empleo, bilateralidad y representación sindical.

Como primera medida la instancia judicial decidió indebidamente concentrar en el Sexto Distrito Judicial con sede en la ciudad de Cholula, Puebla todos los amparos presentados por los trabajadores del magisterio, requiriéndoles señalar domicilio en ese lugar a riesgo de ser notificados en los estrados de esos juzgados.

Los jueces de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región de manera acelerada han empezado a desechar miles de amparos presentados a partir del 3 de abril de 2013 bajo el argumento de que la nueva ley de amparo no permite ningún de recurso contra las reformas constitucionales en materia educativa.

Normalmente son los jueces de distrito de cada región del país quienes conocen de los amparos para permitir que los trabajadores quejosos o a cualquier persona tenga la facilidad para defenderse para presentar sus defensas en la instancia más cercana a su domicilio.  La lejanía y concentración impuesta por el poder judicial es una forma de obstaculizar el recurso de amparo magisterial.

Los jueces de distrito de Cholula a quienes se les asignó la tarea laboran presurosos para limpiar el camino reduciendo en el menor número posible los amparos contra de las reformas constitucionales.

Estas medidas tomadas en perjuicio de los maestros que han presentado sus amparos denotan indicios de la falta de independencia de los jueces en la toma de sus decisiones.

Ya el secretario de educación pública Emilio Chyauffet erigiéndose en interprete del poder judicial ha vaticinado “que ninguno de los amparos interpuestos por los sindicatos magisteriales vaya a fructificar”. ¿Por qué tan seguro? ¿ya se pactó con el poder judicial que los amparos no pasaran?

A estas declaraciones del titular de la SEP se suma su inconformidad de la posibilidad de que el Congreso del Estado de Guerrero en una acción soberana contradiga el proyecto de reforma educativa impuesto por el ejecutivo federal y que ha sido avalado por los partidos dominantes PRI, PAN y PRD en el Pacto México.

Ya manifestó que en caso de que el Congreso de Guerrero apruebe la propuesta de los maestros disidentes “acudirá a la Suprema Corte de Justicia para anularla”.

También adelantándose a la decisión soberana de otro congreso estatal que pretendiera proteger los derechos laborales de los maestros señaló que “toda ley local que se haga en contra de la reforma del tercero nosotros acudiremos a la Suprema Corte para que sea declarada inconstitucional es decir para que no se aplique”.

Por otra parte el borrador de la Ley General del Servicio Profesional Docente entregada a los partidos políticos del Pacto por México, deja claro que el propósito de la misma es desmantelar y desconocer los derechos laborales de los trabajadores del magisterio.

No más la intervención sindical en los temas de ingreso, promoción, el reconocimiento y la permanencia. La anulación de todo derecho de los trabajadores del magisterio sobre sus plazas de base como cambios o promociones escalafonarias.

La pretensión es arrasar con todo rastro de derecho laboral para que sea el patrón, a través del ejecutivo federal, el único que pueda decidir sobre la permanencia de los trabajadores de los maestros en sus plazas.

Ya no más negociaciones sobre derechos laborales, ya no más condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo que permitan derechos a favor de los trabajadores.

Estas iniciativas del ejecutivo federal cancelan toda garantía de audiencia para que el trabajador del magisterio junto con su organización sindical pueda ofrecer pruebas en su defensa antes de que se aplique un cese en su perjuicio.

Ya no más derechos laborales para los trabajadores del magisterio; a partir de la reforma constitucional a los artículos 3º y 73 son derechos administrativos para revisar únicamente las medidas impuestas de manera unilateral por la autoridad.  En adelante deberá acudirse a los tribunales administrativos y no a los laborales para reclamar cualquier derecho.  

Los derechos sociales se convierten con estas medidas en derechos anulados para dar puerta a la privatización de la educación y que en su lugar impere el Servicio Profesional Docente diseñado unilateralmente sin tomar en cuenta los intereses de la sociedad.

La mejora de la educación no debe imponerse a costa de los derechos de los trabajadores porque ellos no son el obstáculo.

Son por estas medidas por las que protestan los trabajadores del magisterio al cerrarles la puerta a todo diálogo y por mandar sus derechos a la basura como si fueran viles objetos.  Pero estas medidas autoritarias, impuestas de esta manera fracasarán.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx  Twitter: @Manuel_FuentesM

La CNDH como la peor autoridad, Manuel Fuentes Muñiz

La CNDH como la peor autoridad

Manuel Fuentes Muñiz

El comportamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido vergonzoso con motivo de las contrarreformas a la ley federal del trabajo publicadas el 30 de noviembre de 2012 pasado y que afectaron gravemente los derechos humanos de los trabajadores mexicanos.

Grupos de ciudadanos, entre ellos sindicalistas, académicos, profesionistas, acudimos ante la CNDH para solicitar su intervención urgente para que promoviera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las violaciones al derecho de estabilidad en el empleo, la legitimación del subcontratismo, el condicionamiento de una productividad sin límite para el otorgamiento de contratos temporales propiciado una explotación salvaje.

Por la cancelación de derechos en el despido, por la reducción del pago de los salarios caídos, la afectación de las trabajadoras domesticas, el trabajo de los menores, los derechos de las mujeres, la desaparición del cuadro de riesgos de trabajo entre otros aspectos.

Se realizaron manifestaciones en sus instalaciones, se presentaron escritos pidiéndole una respuesta.  Se le hizo llegar toda la información para demostrarle la gravedad de las reformas laborales en perjuicio de los derechos humanos y los funcionarios de esa institución de “defensa de derechos humanos” no aparecieron por ningún lado.

Ante su falta de respuesta un grupo de abogados entre ellos Manuel de la Rosa Rivas, Héctor Barba García, Jesús Luna Arias, Flor Edith González Pardo, Roberto Julio Chávez Delgado y el autor de esta columna presentamos un amparo el 19 de diciembre de 2012  que fue recibido por el Juez Décimo Cuarto de Distrito Federal en materia administrativa en el Distrito Federal quejándonos de la falta de respuesta de la CNDH.

A nuestras peticiones que formulamos por escrito no se nos dio respuesta comportándose con esta omisión como la peor autoridad, ignorando nuestros derechos humanos de información y petición a que tenemos derecho.

En principio el juzgado negó que tuviéramos derecho a ampararnos en virtud de que no habían transcurrido 4 meses para que se consideraran violados nuestros derechos apoyándose en una vieja ejecutoria que permite esas dilaciones de cualquier autoridad.

Tuvimos que presentar un recurso de queja ante un Tribunal Colegiado de Circuito para que nos fuera admitido el amparo, hecho que finalmente ocurrió y fue cuando la CNDH obligada por la instancia judicial dio respuesta a un escrito que habíamos presentado el 14 de diciembre de 2012 y que fue respondido hasta el día primero de abril de 2013. Fueron 107 días después en que se nos dio respuesta pero obligada por un amparo.

La respuesta firmada por la maestra Yolanda Leticia Escandón Carrillo como Directora General de Asuntos Jurídicos de la CNDH por la presión judicial dice:

“Hago referencia al escrito de catorce de diciembre pasado, mediante el cual pidió la promoción de inconstitucionalidad, contra la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo; sobre el particular expreso atentamente que si bien, existen algunos temas que podrían ser controversiales, lo cierto es que del análisis efectuadas a las citadas reformas, se arribó a la conclusión de que son materia de legalidad y no de una acción de constitucionalidad, lo que en su caso, pueden ser examinado por autoridades competentes a través de los medios legales específicos, en tanto impliquen un agravio personal y directo”

Esta respuesta no tenía la intención de atender una petición que habíamos formulado 107 días antes sino para justificar ante el Juez de Distrito se declarara improcedente nuestro amparo al demostrar que ya se nos había dado respuesta tarde, pero finalmente respuesta.

Es grave que instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos se comporten como apéndices del ejecutivo y en lugar de agotar ante todas las instancias posibles la defensa de los derechos humanos omiten la defensa a los trabajadores para evitar se moleste la autoridad y el sector patronal.

La CNDH dice que es una facultad presentar el recurso de inconstitucionalidad y no una obligación.  Que mal vamos  cuando reconoce una institución obligada a la defensa de los derechos humanos diga que “…existen algunos temas que podrían ser controversiales…” con motivo de las reformas a la ley federal del trabajo y simplemente justifique su indolencia con su inactividad.

La CNDH debe ser juzgada por su complicidad con gobiernos que pasan de prisa atropellando derechos humanos y eligen el silencio cuando se le hacen reclamos; sin embargo cada quincena andan apurados, muy activos esos “defensores” para cobrar puntualmente sus altos salarios a costa del pueblo.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx  Twitter: @Manuel_FuentesM

El protocolo “de control de multitudes”, Manuel Fuentes Muñiz

El protocolo “de control de multitudes”

Manuel Fuentes Muñiz

Iniciando la semana santa, el lunes 25 de marzo, apareció publicado un controvertido documento firmado por Jesús Rodríguez Almeida, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal llamado “Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes”.

Este llamado Protocolo, sin rubor alguno reconoce que su intención es llevar a cabo el “control de multitudes” mediante la acción policiaca. Son las multitudes su objetivo, su enemigo a vencer, para controlarlas a como dé lugar.

Más que un Protocolo de normas internas de la policía es un reglamento de manifestaciones que ni la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se ha atrevido a legislar. Ahora por la puerta de atrás llega para tratar de imponerse de manera ilegal.

Por principio de cuentas un Secretario de Seguridad Pública no puede legislar ni emitir normas que trasciendan a todas las personas porque esa facultad es exclusiva de los diputados.

El Secretario de Seguridad Pública del DF sin facultad alguna emitió un protocolo que autoriza, sin sustento legal, a sus subordinados el uso de armas de fuego o de fuerza letal “cuando no sea posible disuadir la acción violenta en que incurre la multitud”.

Ninguna ley autoriza a las fuerzas públicas hacer uso de armas contra manifestaciones y ahora resulta que este protocolo de control de multitudes lo permite de manera autoritaria.

La ley  que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de Seguridad pública del Distrito Federal en su artículo 12 dice que:

 

“El Policía sólo empleará armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia o por impedir su fuga, y sólo en el caso que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.”

 

El redactor del Protocolo dice que “se aplicará ante una multitud o grupo de personas en estado de agresividad donde se vea comprometida la integridad, los derechos y bienes de las personas, preservando las libertades, la paz pública y la seguridad ciudadana para prevenir la comisión de delitos e infracciones.”

 

¿Qué se considera como “estado de agresividad”? El protocolo de marras no lo menciona, pero tampoco ninguna ley lo reglamenta.  La redacción del Protocolo permite dejar a criterio de los mandos policiacos determinarlo. 

Una protesta social, en esencia está compuesta por personas inconformes, generalmente molestas por el actuar o la pasividad de una autoridad. Hay gritos y reclamos en mantas y cartulinas. Se hacen exigencias a las más altas autoridades demandando una respuesta. ¿Ahora estos actos se van a considerar agresivos?

El Protocolo pretende restringir los derechos de reunión, de manifestación, de petición reconocidos en nuestra Constitución y en Tratados Internacionales como derechos humanos bajo la amenaza de que cuando se considere “agresiva” una multitud se permita hacer uso de armas de fuego contra ella.

¿Bajo qué criterios van a considerar nuestros policías del Distrito Federal un “estado agresivo” de una multitud?.

Dice el protocolo que será “a juicio de quién tiene el mando en el lugar de los hechos” el que pueda tomar la decisión de usar armas de fuego, en contra de lo que llaman despectivamente “multitudes”.

¿Quién va tener la confianza en el criterio de un mando policiaco para arremeter contra una multitud?. Esta facultad ninguna norma lo autoriza.

Permite este Protocolo el uso de “sustancias irritantes” en contra de las multitudes. ¿Ya se contó con la opinión de la Secretaría de Salud o de organismos de derechos humanos para revisar sus consecuencias en la salud de las personas? No en absoluto, nunca se ha hecho consulta alguna. 

Seguramente en bodegas de alguna oficina gubernamental ya se encuentran listos estos irritantes, comprados en el extranjero, para ser usados contra la población.

No se tienen mediciones de lo que pudiera ocurrir contra personas asmáticas, alérgicas o con hipertensión arterial que inhalen una sustancia “irritante” y que pueda tener consecuencias fatales para ellos.

El protocolo permite ilegalmente a la policía capitalina ingresar a una manifestación, desde luego por medio de la fuerza, para separar “a las personas con actitud agresiva”.  Ni siquiera la Constitución permite estos actos de ninguna autoridad mucho menos lo puede hacer un protocolo firmado por un secretario de seguridad pública.

Este Protocolo de “control de multitudes” debe ser revocado de inmediato por ser violatorio a los derechos humanos en perjuicio de quienes habitamos en el Distrito Federal.

Todo gobierno debe tener capacidad de autocritica, de reconocer sus errores y enmendarlos. No hay tiempo de espera.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx  Twitter: @Manuel_FuentesM