Claroscuros de la ley de Amparo

Claroscuros de la ley de Amparo

03/Abr/2013 08:03 HRS

Manuel Fuentes Muñiz

Este miércoles 3 de abril entra en vigor la nueva ley de amparo, que si bien tiene avances en materia de derechos humanos contiene a la par retrocesos que refuerzan el autoritarismo de los jueces, el ejecutivo y el legislativo en perjuicio de los gobernados.

Parece que los redactores del amparo fueron los jueces y no los legisladores al permitirles la discrecionalidad en la emisión de las sentencias. Al revisar cada artículo cada uno de los poderes  se da concesiones a costa de los ciudadanos para los que está concebido el amparo.

La idea central de las reformas de la ley de amparo fue poner diques infranqueables para evitar que acciones ciudadanas afecten “las decisiones de estado” que ahora se legitiman en el llamado Pacto por México donde convergen las principales fuerzas políticas y que se implementan con reformas y adiciones a la Constitución.

El artículo 61 de la nueva ley de amparo establece como causal de improcedencia impugnar reformas o adiciones constitucionales. Ello trae como consecuencia la marginación de los Tratados Internacionales en los que México sea parte sobre la Constitución.

Hasta antes de la reforma la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptaba en la jurisprudencia 107/2012 emitida en Octubre de 2012 que en caso de que existiera una diferencia entre la Constitución o los Tratados Internacionales debería prevalecer “aquella que represente una mayor protección para la persona o implique una menor restricción”.

Estas tesis permitía que un Tratado Internacional, si tenía mayores condiciones de protección para las personas, podría aplicarse aún sobre lo dispuesto en la Constitución. Ahora no será posible hacerlo.

El día de ayer en varias partes del país empezaron a advertir a los maestros disidentes en los distintos juzgados de Distrito que ya no se les va a permitir la presentación de más amparos contra la Constitución porque la nueva ley en esta materia ya no lo permite.

Esta restricción de inhibir el amparo contra reformas y adiciones a la Constitución es un hecho muy grave, porque permite al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y el Senado, legislar aun a costa de los derechos humanos, como ha ocurrido con la reforma magisterial. En ésta los derechos laborales de estabilidad en el empleo, de bilateralidad, de organización sindical y protección contractual fueron borrados con toda impunidad.

En adelante bastará que cualquier deseo de los poderes del Estado sea incorporado a la Constitución para evitar a los gobernados el acceso a la institución del amparo. No quedará más remedio que ante la ausencia de recursos internos se tenga que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero la prolongación de la respuesta será inevitable.

Un hecho sorprendente es la desaparición del capítulo del amparo en materia agraria que tenía por objeto proteger a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios o comuneros en sus derechos agrarios. Permitía la presentación de los amparos en cualquier tiempo cuando se privará parcial o totalmente las propiedades comunales.

Someterlos a las mismas condiciones que el resto de los gobernados a un término 15 días los dejará en desventaja por la dificultad de acceso a la información y a medios de defensa que en el campo es más difícil acceder.

Se permite la imposición de más y mayores multas en perjuicio de quien presente el amparo, los abogados, defensores o un tercero que intervenga y hasta las propias autoridades cuando no atiendan los procedimientos del amparo. En estos casos hay artículos que por redacción confusa permitirá la imposición de una multa con la sola consideración parcial del juzgador.

Por ejemplo en el caso de que una de las partes objetare de falso un documento “si el juez de distrito desechara la impugnación presentada, impondrá al promovente que actuó con mala fe, multa de treinta a trescientos días” de salario mínimo. Concluir si alguien actuó de buena o mala fe será un criterio personal del juez que la nueva ley de amparo lo permite.

Francisco Arroyo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados reconoció en la ceremonia de la promulgación de la ley de amparo que ésta fue analizada “a toda prisa”. En otras palabras, apenas si la revisaron.

Sorprende las penosas declaraciones del senador perredista Miguel Barbosa de proponer reformas a la ley de amparo en las que él participó y votó y ahora se queja de omisiones que permite se alarguen ese tipo de juicios. ¿No se dio cuenta de estas omisiones de las que ahora reclama?

¿Cuántos diputados y senadores sólo levantaron la mano para aprobar una ley de amparo que ahora genera dudas entre ellos mismos? ¿Y los gobernados donde quedamos?

Nos dicen que la nueva ley de amparo es un avance en la protección a los derechos humanos. Lo queremos ver en los hechos, no en los discursos políticos.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx Twitter: @Manuel_FuentesM

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1 comentario»

  walterbuchannas wrote @

Al igual que todas las modificaciones a la constitucion, y a las diferentes leyes, se dejan vacios en la justicia, que en la gran mayoria de las veces, solo beneficiaran a los influyentes y grupos en el poder. Que lastima, que solo se golpee al pueblo mexicano…


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