Los derechos de los familiares de las víctimas

Los derechos de los familiares de las víctimas

Manuel Fuentes

Es autor de diversos artículos y estudios en materia de justicia y derechos humanos. Profesor de derecho laboral y de seguridad social en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, asesor legal de diversas organizaciones civiles, de derechos humanos y laborales. Miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. y de la “Casa de los Derechos de Periodistas”.

22/Ago/2012 07:39 HRS

http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=47873:los-derechos-de-los-familiares-de-las-v%C3%ADctimas&Itemid=186

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en las sesiones de los días 16 y 20 de agosto de 2012 la posibilidad de que los familiares de personas desaparecidas o fallecidas en actos relacionados con el ejército puedan actuar legítimamente en procesos penales o ejercer el derecho de amparo.

Es una decisión trascendental pero limitada al no generar jurisprudencia que obligue a los tribunales.  La oposición de tres ministros: Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos y Guillermo Ortiz Mayagoitia a que los familiares de las víctimas pudieran contar con la facultad para intervenir como coadyuvantes del ministerio público o a ejercer el derecho de amparo en casos relacionados con el ejército, lo impidió.

En la discusión mayoritaria que marca un precedente importante, consideró que el derecho de los familiares de las víctimas, en su carácter de ofendidos, no se les puede limitar su derecho a reclamar únicamente la reparación del daño o hacerlo en la etapa de ejecución de una sentencia penal sino que deben estar legitimados para acudir incluso al juicio de amparo en materia penal.

Consideraron que la reforma del artículo 20 constitucional de 2008 aunada a la reforma constitucional de junio de 2011 y la inclusión de Tratados Internacionales en materia de derechos humanos en nuestro orden jurídico da a los familiares de las víctimas derecho para intervenir de manera efectiva en el proceso penal así como coadyuvar con el Ministerio Público.

Los ministros consideraron que la reforma constitucional en su artículo 1º reivindica el principio “pro persona” que permite a la víctima a recibir asesoría jurídica, a ser informada de los derechos que en su favor establece la Constitución y el procedimiento penal y a recibir atención médica y psicológica de urgencia, como un derecho y no como un acto de bondad gubernamental.

Destacaron sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que han reconocido a los familiares de víctimas de violaciones a sus derechos humanos sean a su vez consideradas como víctimas con todos los beneficios de protección legal.

Reconocieron un hecho irrefutable adoptado ya por la CIDH, que los familiares de las víctimas sufren la afectación de su “derecho a la integridad psíquica y moral”, con motivo del “sufrimiento adicional” que estos padecen como producto de las circunstancias particulares, de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos, y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos.

Destacaron que “la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada” ya que se requiere del desarrollo de prácticas estatales congruentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades reconocidas.

Para ello consideraron que la aplicación de las normas o su interpretación por estar emanadas del orden público estatal, se deben encontrar ajustadas a principios convencionales y constitucionales del debido proceso y acceso a la justicia contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana.

Los ministros apoyándose en los principios de la CIDH aceptaron que los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y de las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes a todas las personas bajo su jurisdicción, contra actos que violen sus derechos fundamentales o se definan los derechos y obligaciones de éstas.

Señalaron que no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad; es decir, que den resultados o respuestas a las violaciones de derecho reconocidas, ya sea en la Convención, en la Constitución o en la ley.

Asimismo aceptaron que las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares, como lo dice la CIDH, deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los procesos legales, para procurar el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables además de obtener la debida reparación.

En esencia la SCJN reconoció la legitimación de los familiares de las víctimas para solicitar la incompetencia de la jurisdicción militar para que sea del conocimiento de jueces del orden común cuando sean afectados civiles.

Esta decisión adoptada por la SCJN, con muchos años de retraso, es un avance a nuestro orden jurídico; sin embargo los derechos de los familiares de las víctimas deben tener legitimidad para poder actuar en distintas materias relacionadas con los derechos humanos, no solo en la penal y en el amparo relacionado para cuestionar la competencia militar.

Son avances a cuenta gotas que esperan el turno de los legisladores. ¿Pero hasta cuándo?

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx  Twitter: @Manuel_FuentesM

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