Marcelo Ebrard busca anular la autonomía del Tribunal Contencioso del DF

México, D.F a 16 de diciembre de 2011.

 

DIPUTADOS Y DIPUTADAS  INTEGRANTES DE LA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

PRESENTES.

 Como integrantes de la sociedad civil organizada y como personas en lo particular, les expresamos nuestra profunda preocupación por las candidaturas que envió a la Comisión de Gobierno de la ALDF el pasado martes 13, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Luis Ebrard Casaubon, con el fin de ocupar las vacantes para cuatro magistraturas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), dos de ellas para la Sala Superior.

El motivo de nuestra preocupación, es que el TCADF requiere de absoluta autonomía e independencia, puesto que su función es juzgar actos de gobierno. Sin embargo, los candidatos que se proponen, están actualmente subordinados al Jefe de Gobierno, lo que implica un obvio conflicto de interés. Se constituirían en juez y parte de las controversias que se presenten entre los ciudadanos y los actos y decisiones de los integrantes del GDF.

Es el caso de Jesús Anlen Alemán, actual procurador fiscal del Distrito Federal; de Adolfo Arenas Correa, director de legislación de la Consejería Jurídica; de Francisco Ríos Zertuche, asesor de Marcelo Ebrard, y de Jorge Antonio Martínez Maldonado, funcionario de la delegación Venustiano Carranza.

Dado el conflicto de interés y lo inadecuado de  estas candidaturas, les solicitamos con base en las facultades que les confiere la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en relación a no aprobar ni ratificar las propuestas y designaciones hechas por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de Magistrados del TCADF (artículos 10, 100, 101 y 103), y solicitarle formule una segunda propuesta de candidatos más idóneos para puesto.

Para hacer esta petición nos basamos en el artículo octavo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dando como domicilio para recibir respuesta, el que parece al calce.

Confiamos en que ante nuestra preocupación frente la invasión de poderes y el conflicto de interés que puedan minar los espacios democráticos y atentar contra el derecho humano a la justicia imparcial y expedita de los habitantes del Distrito Federal, la ALDF actúe con independencia y conforme a su obligación de representar cabalmente a la ciudadanía.

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