Las periodistas Marcela Yarce y Rocío González – Manuel Fuentes Muñiz

Las periodistas Marcela Yarce y Rocío González

Gran indignación y pesar causaron los asesinatos de Marcela Yarce Víveros y de Rocío González Trápaga ocurridos el pasado 1º de septiembre. Sus cuerpos fueron encontrados inertes, desnudos tirados en un parque de Iztapalapa; ellas estaban amordazadas, golpeadas, ahorcadas y baleadas.

Manuel Fuentes
La Silla Rota

http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=20176%3Alas-periodistas-marcela-yarce-y-roc%C3%ADo-gonz%C3%A1lez&Itemid=72#.TmeCmtfOlMY.wordpress

El procurador capitalino Miguel Mancera se apresuró a emitir líneas de investigación, adelantando sin tener sustento fehaciente, que los indicios de la causa de los homicidios no estaban ligados a su ejercicio periodístico, llegó incluso a comentar sin sentido alguno, aspectos de la vida privada de una de las periodistas al referirse a la “línea pasional”. Las declaraciones desafortunadas del funcionario sorprendieron, al señalar que no habían sido torturadas las comunicadoras a pesar del secuestro sufrido, la existencia de golpes en su cuerpo, la incomunicación, el ahorcamiento y la sujeción de pies y manos que soportaron antes de su muerte.

Edgar Elías Azar presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF reconoció que: “..el mecanismo de muerte no tengo duda que va a presentar algunos golpes, pero no propiamente el golpe como mecanismo de privación de la vida..” no hay reportes en la necropsia de quemaduras “o torturas especiales”.

Las contradicciones entre los sucesos y las declaraciones de los funcionarios, el adelanto de tesis para desvirtuar la agresión por actividades periodísticas y la opacidad en el informe de la necropsia ha propiciado una mayor incertidumbre entre los trabajadores de los medios de comunicación que se ven desprotegidos ante la impunidad creciente e ineficacia de las autoridades.

Estas acciones y omisiones gubernamentales se suman a una serie de agresiones que ha sufrido durante los últimos años quienes laboran en la revista Contralínea: allanamientos a sus instalaciones en 4 ocasiones entre el año 2007 y 2010.

La última ocurrida el 12 de abril de 2010 al ser saqueadas sus oficinas luego de violentar las puertas de la sección editorial y administrativa sufriendo robo de documentación contable y expedientes periodísticos, computadoras y teléfonos celulares. Todas estas agresiones han sido del conocimiento de la Procuraduría de Justicia del D.F. que obran en el expediente FCH/CUH-6/T1/00542/10-04 sin que hasta la fecha se haya tenido resultado sobre la identidad de los responsables.

Las denuncias aparecidas en Contralínea causan enorme molestia de funcionarios públicos y empresas ligadas a circuitos poder y corrupción propiciando acosos judiciales contra su director Miguel Badillo Cruz. En el caso de la reportera Ana Lilia Pérez no solo ha sufrido orden de arresto sino también amenazas de muerte con investigaciones ministeriales sin éxito.

Los acosos contra ese medio periodístico obligaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a emitir el 14 de septiembre de 2009 la recomendación 57/2009, la cual determinó que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y del Consejo de la Judicatura así como el director general de Pemex violaron los derechos humanos de los reporteros de Contralínea.http://www.libertad-expresion.org.mx/wp-content/uploads/2009/09/CNDH-Recom57-2009-contralinea.pdf
En esta recomendación -originada por una queja de Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nidia Egremy Pinto y la ahora desaparecida Marcela Yarce, de la revista Contralínea”– se constató la existencia de formas de censura de la libertad de expresión, discriminación y veto publicitario por esas autoridades.

En una actitud que no sorprende, Pemex respondió que no acataba la recomendación de la CNDH porque se apegaba a la estrategia de comunicación autorizada por la Secretaría de Gobernación y “porque no todos los medios pueden ser contratados..” sin justificar la distinción preferencial de políticas en materia de contratación de publicidad y la causa del retiro de anuncios de la paraestatal en Contralínea.
Marcela Yarce era quién encaraba en carne propia, por la naturaleza de su cargo, las políticas restrictivas de publicidad y acosos en contra de la revista Contralínea, siendo una de las quejosas por estos agravios ante la CNDH que originó esa recomendación.

La PGJDF no debe descartar en el homicidio de las periodistas ninguna línea de investigación, incluso aquella que vincule la complicidad policiaca o de sicarios ligados a grupos de poder resentidos con la política editorial de Contralínea. El modus operandi de los homicidios apunta a la existencia de sujetos capaces de borrar huellas y dejar pistas falsas para distraer a la autoridad.

La sociedad se siente agraviada por los asesinatos de Marcela Yarce y Rocío González, y la autoridad ministerial tiene el enorme reto de esclarecer estos hechos en el corto plazo y detener a los responsables, no contribuir a la confusión y a la opacidad.

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx Twitter: @Manuel_FuentesM
Las periodistas Marcela Yarce y Rocío González – Manuel Fuentes Muñiz.

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