LA CONTRAREFORMA DEL PRI A LA LFT Y EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

Lic. María Estela Ríos González

La propuesta de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo hecha por los 343 diputados del PRI, con independencia de las sinrazones económicas y políticas  que le llevan a hacer tal propuesta, es desde el punto de vista jurídico atentatoria de los más elementales principios universales de derecho que deben regir toda normativa laboral.

En la  Declaración Universal de Derechos Humanos se establece  como deber fundamental de los pueblos y naciones,  promover “… mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades (establecidos  en dicha Declaración), y asegurar, “…por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros…”

El  artículo 2.1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual forma parte México,  establece que:  “… cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”  

El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé que:

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.

La Declaración de Filadelfia de 1944,  contiene los principios y declaraciones  fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, entre   ellos: “cualquier política  y medida de índole nacional e internacional particularmente de carácter económico y financiero deben… aceptarse solamente cuando favorezcan y no entorpezcan, el cumplimiento de ese objetivo fundamental” que no es otro que  la protección del derecho del ser humano  a  perseguir su bienestar material  y su desarrollo espiritual  en condiciones de libertad, dignidad, de seguridad económica  y en igualdad de oportunidades, para lo cual el pleno ejercicio del derecho al trabajo  es  pilar básico.

De  estos preceptos internacionales, surge en materia de  derechos humanos,  el principio universal de derecho de PROGRESIVIDAD.

El principio de progresividad  a que refiere la normativa internacional  implica  el deber para los Estados  de  tomar toda clase de medidas, particularmente legislativas,   que garanticen   una  mayor extensión y protección   de los derechos  humanos, sociales, económicos y políticos reconocidos en los pactos y convenios internacionales.  

Este principio de progresividad    se expresa,  en la   irreversibilidad de los derechos ya reconocidos y en  la  prohibición   de  reducir la  protección legal ya establecida; que da lugar a   otro principio general de derecho:   el de  conservación  de derechos  o la  no derogación del régimen más favorable,   que en el ámbito del derecho del trabajo internacional,  ha sido consagrado en el inciso 8º del art. 19 de la Constitución de la OIT.

Inherente al  principio de progresividad,   está   el principio de supremacía  de  la disposición más favorable a la persona humana o cláusula de individuo más favorecido. “in dubio pro homine”.

Ahora bien, en nuestro régimen jurídico, conforme  a la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,   al interpretar el artículo 133 Constitucional ha establecido la jerarquía  normativa de los Tratados internacionales, una vez que han sido suscritos por el Estado Mexicano y ratificados por el Senado de la República, los cuales  se encuentran en la pirámide jurídica,  solo por debajo de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por encima de las leyes generales, las leyes federales y las leyes Locales,  lo que obliga a las autoridades estatales  a cumplir y hacer cumplir dichos tratados y  convenciones.

México ha formado parte  y ha ratificado los tratados y convenciones, en los que  se han establecido los derechos humanos, sociales políticos y económicos fundamentales de  los seres humanos;   que sustentan el principio de progresividad de estos derechos; por tanto, en  esta materia, el poder legislativo,  particularmente,  está obligado a     hacer efectivo el  principio de progresividad al regular la materia de  los derechos humanos sociales políticos, culturales   y económicos reconocidos  en la normativa internacional.

La Declaración de la OIT, señala: “…todos los seres humanos tienen derecho a perseguir su bienestar material  y su desarrollo espiritual  en condiciones de libertad, dignidad, de seguridad económica  y en igualdad de oportunidades”  y este objetivo se logra fundamentalmente en el ejercicio de un derecho humano  y social fundamental: el Derecho al trabajo.

El artículo 23  numeral 1  de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  establece:

  1. 1.    Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales establece en los  artículos 6 y 7:

“Artículo 6.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

“Artículo 7.

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.”

En congruencia con  la normativa internacional,  el artículo 123  constitucional establece: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”  Este reconocimiento constitucional, eleva el derecho al trabajo al rango de garantía  social.

El Artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, complementa el contenido de este derecho humano y garantía social reconocida en nuestra Constitución al establecer:  “El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.”

El derecho  al trabajo, no sólo constituye  un derecho humano  y social fundamental reconocido  en la normativa internacional, sino que   en nuestro orden jurídico, es además  una garantía social que  obliga al Estado (a través de sus  órganos de gobierno), no sólo a cumplir y  hacer cumplir el ejercicio de ese derecho, sino a tomar toda clase de medidas  (legislativas, administrativas y judiciales) para hacer efectivo ese derecho para  todos los habitantes de nuestro país.

 Así pues, reconocido el derecho al trabajo, como un derecho humano, como un derecho social y como una garantía constitucional en nuestro país, opera el principio   de progresividad en materia laboral, principio general del derecho  que integra nuestro ordenamiento jurídico,   al  constituir no solo un deber de conducta ético para los individuos,   sino un principio  básico  de toda labor creativa de normas laborales y que por que por tanto,  el legislador  está obligado a seguir antes promulgar  una normativa laboral.

La expedición de  cualquier  medida legislativa tendiente  a retrotraer o que menoscabe un derecho ya reconocido a desmejorar una situación jurídica favorable al trabajador, o que no  establezca una mayor extensión y   eficaz protección del derecho al trabajo,  atentará en contra del principio de progresividad.

Y esto es precisamente, lo que hace la iniciativa de  contrareforma  a la Ley Federal del Trabajo  del PRI; atenta contra los principios fundamentales del derecho del Trabajo, establecidos en  nuestro país a partir de la Constitución de 1917 y particularmente contra el principio de progresividad, reconocido internacionalmente y  parte de la normativa interna por disposición constitucional,   al amparo de teorías economicistas y con falsos discursos   que pretenden  arrebatar a los trabajadores derechos  ya reconocidos en la Constitución y en la actual Ley Federal del Trabajo y que  se niega a establecer una normativa  protectora  del derecho al trabajo.

Para llegar a esta conclusión, basta leer la exposición de motivos de las  llamadas reformas a la Ley Federal del Trabajo  y las propuestas que se hacen al respecto. La mayoría, sino es que la totalidad atentan contra el principio de progresividad;  implican retrocesos y no establecen una protección eficaz del derecho fundamental de todo ser humano, el derecho al trabajo, cuyo ejercicio hace posible la vida digna a la que todos  tenemos derecho.

Abril  de 2011.

Anuncios

No comments yet»

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s