UNA REFORMA LABORAL A TODA PRISA

UNA REFORMA LABORAL A TODA PRISA

MANUEL FUENTES MUÑIZ

Es presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, profesor de derecho laboral y de seguridad social en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Consejero de la “Casa de los Derechos de Periodistas”, así como asesor legal de diversas organizaciones civiles, de derechos humanos y laborales. Es autor de diversos artículos en materia de justicia y derechos humanos. mfuentesmz@yahoo.com.mx

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29  Mar  2011

En menudo aprieto quedó el gobierno federal ante los cuestionados informes que presentó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desconociendo la corrupción y perjuicios que generan los llamados “contratos de protección” en contra de los trabajadores mexicanos.  El reporte rendido este mes de marzo por el “Comité de Libertad Sindical” de la OIT en la ciudad de Ginebra, Suiza, da cuenta de la respuesta que rindieron tanto el gobierno federal como la Coparmex, CTM y la CROC en una sincronía no tan extraña, negando la existencia de una red de complicidad entre autoridades laborales, patrón y sindicatos en favor del contratismo de protección patronal. Dijeron no saber nada de estos hechos, casi respondieron: -no sé de qué hablan; pero las evidencias los pusieron contra la pared.

Los sindicatos quejosos presentaron declaraciones del mismo Javier Lozano, singular Secretario de Trabajo que en entrevistas radiales, conferencias y encuentros con organizaciones sindicales o empresariales reconoce esta práctica lesiva de fraude laboral.  Ante esta evidencia el gobierno mexicano fue conminado a iniciar un diálogo con las organizaciones sindicales mexicanas sobre la aplicación de la legislación laboral y sindical.

El gobierno no dialoga: impone

Sin embargo, contrariando la petición de la OIT, el gobierno mexicano impulsa en forma acelerada con todos sus recursos, desde la misma Secretaría del Trabajo, en colusión con los sectores más conservadores del PRI, del PAN y del sector empresarial, una reforma laboral que rompe con los derechos más elementales de los trabajadores. Pretende anular la estabilidad en el empleo, facilitar el abaratamiento y libre despido y consolidar el fraude laboral cancelando la responsabilidad solidaria en las llamadas empresas terceristas conocidas como outsourcing.

En la queja presentada por la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) ante la OIT el 5 de febrero de 2009 se acusa al gobierno mexicano de solapar una práctica común de los patrones de escoger al sindicato de su preferencia, aún antes de la existencia de una fuente de trabajo, con la misma facilidad que adquirir un jitomate, cualquier mercancía, en un mercado.

La acusación ante la OIT señala que no se impone ningún requisito para la firma de un contrato colectivo entre el patrón y un seudo líder sindical, ni siquiera una consulta previa a los trabajadores; para la celebración de uno de esos contratos colectivos figurados se requiere únicamente de dos firmas: la del representante patronal y la del secretario general sindical; acto seguido, sin obstáculo alguno, se deposita ante la Junta de Conciliación y Arbitraje con toda la fuerza de la ley.

La firma de un contrato de esta naturaleza produce efectos insospechados, ya que su depósito en la Junta actualiza un proceso de protección que impide a los trabajadores afectados exigir la firma de un contrato colectivo por la vía de la huelga. Al estar firmado el contrato y depositado en la Junta con el sindicato elegido por el empresario, a los trabajadores no les queda más opción que o bien solicitar el registro de un sindicato, que en este país es un verdadero viacrucis el obtenerlo, o demandar la titularidad del contrato colectivo acreditando, mediante un largo y tortuoso juicio, que se cuenta con la mayoría de los trabajadores.

La simulación y fraude laboral

La queja internacional, confeccionada en gran medida por la abogada mexicana Patricia Juan Pineda, actualmente coordinadora nacional del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), pone en evidencia las complicidades del sistema de justicia laboral en materia de contratación colectiva.  Da como ejemplo de esta práctica de simulación y fraude los estudios llevados a cabo en la Ciudad de México por el investigador Alfonso Bouzas Ortiz de la Universidad Nacional Autónoma de México donde se corrobora que más del 90 por ciento de dichos contratos no se revisan, no se negocian y se mantienen en el piso, casi en el sótano de la ley. Esta es una práctica en todos los estados de la República e incluso en el ámbito federal.

De estas prácticas negativas nada de esto se quiere cambiar en la pretendida reforma laboral del PRI y del PAN. Los conspicuos líderes sindicales y empresariales protegidos por las autoridades laborales quieren imponer una reforma laboral a toda prisa, la más agresiva en 95 años desde la creación del artículo 123 constitucional en 1917, para acabar con todo vestigio de dignidad laboral. Pero no lo van a lograr.



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