Nuevas agresiones a defensores de derechos humanos por su oposición a la “presa Zapotillo”

NUEVAS AGRESIONES A ABOGADOS DE LA ANAD Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

 BOLETÍN DE PRENSA

 La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) denuncia:

El miércoles 8 de Diciembre de 2010, los defensores de derechos humanos Gustavo Lozano, la periodista  Jade Ramírez, y Marco Von Borstel fueron víctimas de intimidación, amenazas y hostigamiento en el estado de Guanajuato, dado en el contexto de criminalización y represalias en contra de los asesores y pobladores de las comunidades Temacapulín, Palmarejo (pertenecientes al  municipio de Cañadas de Obregón) y Acasico perteneciente al municipio de Mexticacan, en los Altos Jalisco, que están en desacuerdo con su reubicación, porque se pretende inundar las comunidades como parte de la construcción del proyecto denominado “Presa Zapotillo”, impulsado por los gobiernos de Jalisco y Guanajuato.

A continuación se enlistan los hechos sucedidos durante el mismo día en distintos momentos y lugares:

Ingresaron a casa del abogado Gustavo Lozano, salió de su casa a las 9:30 a.m, al regresar aproximadamente 20 minutos después, sus cosas se encontraban desordenadas, sobre todo en su cuarto de trabajo, del que extrajeron documentos personales, su computadora y su cámara, no obstante no se llevaron dinero que se encontraba a la vista. Es de destacar, que ésta es la segunda vez que entran en su domicilio para llevarse las computadoras. Durante las dos ocasiones ha sido después participar en actividades relacionadas con la problemática de “Presa Zapotillo”. En esta ocasión sólo un día después de realizar el evento “presa el Zapotillo. Derechos humanos y alternativas” en la Universidad Iberoamericana en la ciudad de Leon Guanajuato,
Durante el evento “los avances del acueducto de la presa Zapotillo”, presentado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), a la periodista Jade Ramírez  se le negó en dos ocasiones el acceso, recibiendo hostigamiento de parte de cuerpos de seguridad Estatal y Municipal bajo el argumento “que venía con los “quejosos”. Éstos hechos ya fueron denunciados ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato.

El Lic. Marco Von Borstel, fue rodeado por Policías Estatales al salir del evento “los avances del acueducto de la presa Zapotillo” anteriormente mencionado, y elementos de Migración intentaron detenerlo al finalizar la protesta de ecologistas afuera del “Forum Cultural” durante el evento organizado por la Conagua, le pidieron que se identificara como mexicano, acto discriminatorio y arbitrario, pues a ninguno de su demás acompañantes les pidieron identificación. “Me pidieron los papeles según ellos para sacarme del País pero mi padre es mexicano, yo soy mexicano, estamos en el País por varias generaciones y me pidieron los papeles sólo para intimidarnos”.

ANTECEDENTES:

Durante los meses de abril y diciembre de 2010 se han generado constantes amenazas vía correo electrónico y hostigamiento de las que son víctimas el abogado Guadalupe Espinoza Sauceda, las abogadas Claudia Gómez Godoy y Evangelina Robles González, los defensores de derechos humanos Marco Von Bostel y el sacerdote Gabriel Espinoza Iñiguez, así como a la periodista Jade Ramírez Cuevas Villanueva.

Vemos con preocupación la situación de vulnerabilidad de los habitantes de las comunidades mencionadas y sus asesores, que se han organizado legal y legítimamente para oponerse a la realización del proyecto de la “Presa Zapotillo” mediante organizaciones como el colectivo COA, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y quienes conforman el “El movimiento mexicano de afectados por las represas”, ya que el 3 de diciembre de 2010  Héctor Castañeda Núñez, Titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) realizó declaraciones ante medios de comunicación que pueden significar una amenaza mayor a la labor de los defensores de derechos humanos:

“Las personas de Temacapulín es gente que podrá o no estar de acuerdo con el proyecto, pero es gente, en términos generales, bastante pacífica, bastante buena gente y nos preocupa que el tema de los engaños, principalmente de quienes los representan sobre todo en materia jurídica les vendan falsas esperanzas y los expongan a una serie de actos que eventualmente puedan estar fuera del marco de la ley y que les pudiera llegar a traer una serie de consecuencias importantes hacia sus personas”.

Consideramos que los incidentes de seguridad en contra de Guadalupe Espinoza Sauceda, las abogadas Claudia Gómez Godoy y Evangelina Robles González, el abogado Gustavo Lozano, los defensores de derechos humanos Marco Von Bostel y el sacerdote Gabriel Espinoza Iñiguez, y la periodista Jade Ramírez  son actos de criminalización a su trayectoria como defensores de derechos humanos, defendido derechos fundamentales como el derecho a la vida, libertad de expresión, a la vivienda, a la salud, a la alimentación, al trabajo, etc. la Asociación Nacional de Abogados Democráticos hace un llamado a las autoridades a conducirse por los marcos legales, estableciendo el dialogo y no una imposición, mucho menos amenazando o criminalizando la lucha social y la defensa de los derechos humanos.

Del mismo modo, insistimos en recordar que es un derecho constitucional de las personas el constituir organizaciones sociales, y realizar actos pacíficos de expresión, ya que son derechos fundamentados en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, como  la libre manifestación y es responsabilidad de las autoridades la seguridad de todas las personas y el respeto a estos.

Manifestamos gran preocupación ante los hechos, los cuales resultan violatorios a los derechos humanos y derechos fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto de los Derechos los Civiles y Políticos y del Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Por lo anterior, exigimos:

Se garantice la integridad física, psicológica y jurídica de las abogadas Claudia Gómez Godoy y Evangelina Robles González, de los abogados Guadalupe Espinoza Sauceda, Gustavo Lozano, los defensores de derechos humanos Marco Von Bostel y el sacerdote Gabriel Espinoza Iñiguez, y la periodista Jade Ramírez; así como la de los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo a los integrantes del colectivo COA, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y quienes conforman el “El movimiento mexicano de afectados por las represas”.

   II.              Se acepte y cumpla cabalmente la Recomendación 35/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) en la que señala que “no deberá otorgarse autorización licencia o permiso para efectuar edificaciones que implique la afectación de los recursos naturales de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona ” ..individual o colectivamente, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en los planos nacional e internacional y a esforzarse por ellos ” (Art. 1), así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar ” …la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración (Art. 12.2) y por la resolución sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas AG/RES. 1671 (XXIX-O/99), adoptada por la  organización  de los Estados Americanos el 7 de junio de 1999.

Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos que, en el ámbito de su competencia y atribuciones se actué para que se investiguen los hechos previamente descritos, y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver la situación, solicitando que los resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.

   V.              Se suspenda de inmediato el proyecto de la presa “El Zapotillo”.

 A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.

                                                                       México, D. F. a 10 de Diciembre de 2010.

 Manuel Fuentes Muñiz, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos

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