La Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México vuelve a comportarse vergonzosamente y cínicamente mentirosa

Medardo Bañuelos Lagunes*

La Suprema Corte está analizando la Sentencia del 23 de noviembre de 2009 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición forzada desde el año de 1974 del señor RADILLA PACHECO vs. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, y en donde el Estado Mexicano salió condenado.

Es una sentencia de 106 cuartillas, 392 párrafos y 18 Resolutivos en los que entre otras cuestiones determinó la CIDH, que el Estado Mexicano “17. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 365, 370, 375 y 385 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los párrafos 360 a 392 del mismo.”

También condenó a México a diversas reparaciones, dentro de ellas, las de “Reformas a Disposiciones Legales” que indudablemente son dentro del adjetivo coloquial utilizado por el ministro, “MORROCOTUDAS”, o de otra manera, de mucha importancia y de mucha dificultad., para un Estado que se ha empecinado en violar todos los derechos humanos, en criminalizar la protesta social y como buen aprendiz del pretexto y la farsa, en asesinar a los civiles “confundidos” con narcos y al rato, con guerrilleros.

Efectivamente, existe en la sentencia que se comenta, un capitulo especial denominado “XI, REPARACIONES, (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención[1]), y más adelante, el inciso “C2. Reformas a disposiciones legales” con un subinciso por demás interesante llamado “i) Reformas constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción militar”.

Aquí es donde se encuentra el principal problema del Estado Mexicano, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, esto es, del Presidente y de la Suprema Corte de Justicia, pero también queda incluido el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y la de Senadores, todo el Estado.

De qué se trata, del “FUERO MILITAR”, de esa parte que contiene el artículo 13 de nuestra Constitución Política que dice: “…Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar…” y es aquí donde este personaje, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, se opone a que los militares sean juzgados por Tribunales del Fuero Común, con argumentos en que “…descalificó a la CIDH, al señalar: Poco le faltó para ordenar que se modificara la Constitución, pero para mí, lo que es el desborde más radical, y pienso yo que es inaceptable, es desechar la reserva expresa…” (Jesús Aranda, Periódico La Jornada, Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 5,) todo esto es por demás vergonzante y cínico, ya que no existe por parte del Estado Mexicano reserva alguna que se refiera al “Fuero Militar” como enseguida lo expongo.

De verdad es lamentable y me da vergüenza que un exponente máximo del Poder Judicial trampee así las cosas, esas, que son de leguleyos, que de acuerdo con la Real Academia Española, significa: “1. adj. Nic. discutidor. ; 2. m. y f. Persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente.; 3. m. y f. Nic. Persona que hace gestiones ilícitas en los juzgados.

De acuerdo con la información de la propia CIDH, México ratificó la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA” el dos de marzo del año de 1981.

PAISES SIGNATARIOS FIRMA RATIFICACION/ADHESION DEPOSITO INFORMACION*
México 03/02/81 03/24/81 AD Si

Y tiene la siguiente reserva que transcribo literalmente para plena información y conocimiento de todo el mundo, también, del propio ministro:

Tratados Multilaterales

Organización de los Estados Americanos (OEA en español OAS en ingles)

http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html#M%C3%A9xico

“México:

DECLARACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

1. Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62,1[2] de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33[3] de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de esta declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos.

3. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace con carácter general y continuará en vigor hasta un año después de la fecha en que los Estados Unidos Mexicanos notifiquen que la han denunciado.

(Firmado el 16 de diciembre de 1998)

(Declaraciones interpretativas y reserva hechas al ratificar la Convención)

El instrumento de adhesión se recibió en la Secretaría General de la OEA el 24 de marzo de 1981, con dos declaraciones interpretativas y una reserva. Tal reserva se notificó conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. El plazo de 12 meses desde la notificación de la misma se cumplió el 2 de abril de 1982, sin objeciones.

El texto de las declaraciones y reserva es el siguiente:

Declaraciones Interpretativas:

Con respecto al párrafo 1 del Artículo 4, considera que la expresión “en general”, usada en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida “a partir del momento de la concepción” ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados.

Por otra parte, es el concepto del Gobierno de México que la limitación que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que todo acto público de culto religioso deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, es de las comprendidas en el párrafo 3 del Artículo 12.

Reserva:

El Gobierno de México hace Reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del Artículo 23 ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 130[4], dispone que los Ministros de los cultos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.

Con fecha 9 de abril de 2002, el gobierno de México notificó a la Secretaría General su intención de retirar parcialmente las declaraciones interpretativas y reserva, subsistiendo en los siguientes términos:

Declaración interpretativa

Con respecto al párrafo 1 del Articulo 4 considera que la expresión “en general” usada en el citado párrafo no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida “a partir del momento de la concepción”, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados.

Reserva

El Gobierno de México hace Reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del Artículo 23, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 130, dispone que los Ministros de los cultos no tendrán voto pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.”

Las notas al pie en esta transcripción de reserva, son del suscrito

Después de leer lo anterior, la pregunta que me surge y seguramente a ustedes también, es en donde se encuentra lo dicho por este señor Aguirre Anguiano de que se desechó “…la reserva expresa…”, ¿en donde está esa reserva señor ministro?, porque el señor ministro se refiere a una Reserva Expresa del Fuero Militar y ésta, NO EXISTE, entonces, Miente el señor ministro, falsea los hechos, aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente, con descuido, cuando por su cargo y la institución que representa junto con los otros 10 ministros, debía cuidar con el máximo de detalle su actuación, esto es lo vergonzante y más aun, cuando se trata de un foro internacional.

Y miren ustedes, la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es muy puntual en cuanto a que SE DEBE IMPEDIR “…que elementos del Ejército mexicano sean juzgados por tribunales militares cuando han cometido violaciones a los derechos humanos”, transcribo textualmente para mayor claridad y que no nos engañen:

  1. 337. “Los representantes solicitaron a este Tribunal que ordene al Estado realizar una reforma al artículo 13[5] constitucional, que regula el fuero de guerra, en virtud de que, “[a]unque en principio el artículo pareciera no generar problema alguno, las interpretaciones que de éste se han hecho[,…] llevan a la necesidad de solicitar su reforma para alcanzar la precisión necesaria que impida que elementos del Ejército mexicano sean juzgados por tribunales militares cuando han cometido violaciones a los derechos humanos”.
  1. 338. “Para este Tribunal, no sólo la supresión o expedición de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención[6]. En términos prácticos, la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política mexicana debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana.”

Para rematar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le recuerda al señor ministro que: “cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.” Pues si señor, más clarito ni el agua.

Vuelvo a transcribir literalmente para que no queden dudas y para que no nos engañen:

  1. 339. “En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico[7]. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana[8].”
  1. 340. “De tal manera, es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México,  se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal, los cuales han sido reiterados en el presente caso (supra párrs. 272 a 277).”
  1. 341. “Bajo ese entendido, este Tribunal considera que no es necesario ordenar la modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
  1. 342. “No obstante lo anterior, la Corte declaró en el Capítulo IX de este Fallo, que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención Americana (supra párrs. 287 y 289). En consecuencia, el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar la citada disposición con los estándares internacionales de la materia y de la Convención, de conformidad con los párrafos 272 a 277 de esta Sentencia.”

Siguen las ordenes de reformar la legislación, si señor ministro y también la CIDH puede ordenar reformas a nuestra Constitución Política, si señor, como lo señala el numeral “118” antes vertido, porque se está, señor ministro no en la trastienda, sino al frente, por favor, lea con cuidado el derecho internacional y esencialmente la Sentencia de merito.

Ahora, la Sentencia contra el Estado Mexicano, igualmente se encaminó contra el Código Penal Federal y cualquier otro que contenga la misma normatividad en iguales términos, ojo señores Legisladores, se trata de la Desaparición Forzada de Personas, he aquí su transcripción:

ii)       “Tipificación adecuada del delito de desaparición forzada de personas: reforma al artículo 215-A del Código Penal Federal conforme a los instrumentos internacionales”

  1. 343. “Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado “[r]ealizar las medidas legislativas correspondientes para que adecue puntualmente su marco legal interno con sus compromisos internacionales en el ámbito interamericano de los derechos humanos”. La Comisión no presentó pretensión alguna al respecto. Por su parte, el Estado señaló que el Estado mexicano “[s]e encuentr[a] impulsando un proyecto de ley sobre desaparición forzada de personas que permita subsanar cualquier deficiencia en la armonización de la legislación mexicana con los estándares internacionales en la materia”.
  1. 344. “En la presente Sentencia la Corte estableció que el artículo 215 A del Código Penal Federal, que sanciona el delito de desaparición forzada de personas, no se adecua plena y efectivamente a la normativa internacional vigente sobre la materia (supra párr. 324). Por tal motivo, el Estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para compatibilizar dicha tipificación penal con los estándares internacionales, con especial atención a lo dispuesto en el artículo II de la CIDFP, de conformidad con los criterios ya establecidos en los párrafos 320 a 324 del presente Fallo. Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales en su conjunto. En tal sentido, el Estado no debe limitarse a “impulsar” el proyecto de ley correspondiente, sino asegurar su pronta sanción y entrada en vigor, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico interno para ello.”

No es inaudito el comportamiento del veterano ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, panista y de ultraderecha, ese que defendió al “gober precioso” en el caso de la periodista Lidia Cacho en el asunto de pederastia y que se propuso anular la despenalización del aborto aprobado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el mismo que se refirió a los militares enfermos del VIH (síndrome de inmunodeficiencia adquirida también denominado Sida) haya en el 2007, como el que “son “un severo problema bacteriológico”, primero para la comunidad castrense, y después para todos los demás” (http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161896.html, Carlos Avilés, El Universal, Lunes 25 de agosto de 2008) y por supuesto también se opuso al matrimonio entre personas del mismo género y el derecho de adopción por parte de los mismos.

Lo que sorprende es su facilidad para mentir a la opinión pública en defensa de sus ideas retrogradas, ahora, como siempre, defendiendo el fuero militar en cuestiones que nada tienen que ver con el mismo, ya que se trata de civiles que el propio ejercito ha matado.

La Sentencia a que nos venimos refiriendo no es nueva, se emitió el 23 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, lo novedoso como ya lo hemos leído, es QUE SE VENCE EL PLAZO para que el Estado Mexicano cumpla con la misma y bueno, está una propuesta diferente a la de SS Aguirre Anguiano, la del Ministro José Ramón Cossío Díaz, que indica que se cumpla con tal Sentencia. Basta de violaciones, exigimos un Estado de Derecho real y con Justicia Social.

*Director de Logística de la Revista ANAD

Miembro del Consejo Editorial de la Revista Internacional “Derechos Sindicales Internacionales”

Abogado y Asesor Jurídico


[1] El artículo 63.1 de la Convención dispone que:

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

[2] Artículo 62

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.

[3] Capítulo III, De Los Extranjeros, Artículo 33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

[4] “…Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:

d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados.

e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

…” Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

[5] Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

[6] Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, supra nota 54, párr. 207; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 83, y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra nota 19, párr. 118.

[7] Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra nota 19, párr. 124, y Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 51, párr. 173.

[8] Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra nota 19, párr. 124; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 51, párr. 173, y Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 78. El Tribunal observa que el control de convencionalidad ya ha sido ejercido en el ámbito judicial interno de México. Cfr. Amparo Directo Administrativo 1060/2008, Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, sentencia de 2 de julio de 2009. En tal decisión se estableció que: “los tribunales locales del Estado Mexicano no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales sino que quedan también obligados a aplicar la Constitución, los tratados o convenciones internacionales y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, lo cual los obliga a ejercer un control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación […]”.

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