LA IMPUNIDAD, AGRAVIO A PERIODISTAS

Por Manuel Fuentes Muñiz*

La visita de los relatores Frank La Rue y Catalina Botero, designados por las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para revisar las causas de las muertes y desapariciones físicas de trabajadores de medios de comunicación en México, representa en sí misma, una muestra de la preocupación que tiene la comunidad mundial por este grave problema.

No es para menos esta preocupación ya que en los tres años siete meses del gobierno del presidente Felipe Calderón la prensa, en todos sus ámbitos, enfrenta uno de sus periodos más críticos.

El Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión ha denunciado que del 6 de diciembre de 2006 a la fecha han sido asesinados 38 periodistas y desaparecido 8.

Señala también que en los seis años de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) son 32 crímenes los que permanecen impunes y agrega una crítica a la eficacia de las procuradurías estatales al no haber realizado investigaciones profundas.

En muchas ocasiones, las investigaciones son de apariencia. Cuando ocurren homicidios llegan los peritos y dan muestra de una investigación de inicio.  Toman fotografías, registran huellas alrededor de los hechos en búsqueda de algún indicio y posteriormente no hay resultados.

La impunidad ha sido el signo de nuestros tiempos y la razón de una delincuencia enquistada en diversos círculos de poder que sigue avanzando, sin que nadie sea capaz de detenerla.

El Frente de Periodistas destaca en una carta dirigida a los relatores de la ONU y la OEA que las amenazas, intimidaciones, secuestros y atentados a medios de comunicación se han instalado como prácticas comunes “principalmente de las fuerzas de seguridad y de políticos en funciones”.

Esta grave acusación se evidencia ante una presunta ineficacia de las autoridades que no es sino una muestra de complicidad con el crimen organizado.

La situación que viven las comunicadoras y comunicadores en estados de la República como Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Durango y en general en el norte del país es de extrema gravedad.

El Frente de Periodistas señala que a consecuencia de esta atmósfera de agravios y violencia, la censura y autocensura es una de las peores amenazas para el derecho a la información y las libertades de expresión y de prensa.

En algunas reuniones, los relatores han expresado su incredulidad cuando algunos funcionarios dicen que todo funciona muy bien.  Es el caso de algunas afirmaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) que ha tratado de demostrar que está haciendo bien  su tarea y también del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) que presume estar cumpliendo con los tratados internacionales en materia de derechos humanos cuando su actuar los contradice.

La  PGR al manifestar que las investigaciones son en materia local, buscando liberar su responsabilidad al dar apoyos mínimos o nulos a las procuradurías estatales.  La falta de coordinación en esta materia ha sido evidente.  

En el mismo caso se encuentra el TSJDF, que a través de sus jueces, con criterios discrecionales, se ha ensañado con sentencias económicas desproporcionadas contra periodistas acusados de daño moral.  Ejemplos de ello se reproducen en varios estados de la república.

Cualquier solución que se pretenda llevar a cabo no puede realizarse sin que existan mecanismos legales para involucrar a los gremios y medios periodísticos.  En muchas de las decisiones las y los comunicadoras han quedado al margen de las decisiones fundamentales y esto no puede seguir así.

No se puede dejar de lado la política laboral que permanentemente ha dejado en estado de indefensión a las trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación.  No hay supervisión de los gobiernos estatales del cumplimiento de las normas laborales en las empresas de medios de comunicación.

La informalidad, inestabilidad laboral, bajos salarios y ausencia de seguridad social son los temas que agravan la situación de quienes laboran en medios de comunicación. Pero también la falta de apoyos e incentivos a las pequeñas y medianas empresas de comunicación.

La gravedad de los hechos contra la prensa en México, merece respuestas eficaces en todas las áreas de gobierno, tanto federales como estatales.  No podemos esperar que las soluciones vengan de fuera ni que la impunidad sea el símbolo de nuestros tiempos.

* Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
mfuentesmz@yahoo.com.mx

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