¡LOS NUEVOS RECIBOS DE PAGO DE LUZ SON ILEGALES!

Abogados unidos defensa de usuarios.

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Por un acuerdo con la Unión de Juristas de México, la Asociación de Abogados Litigantes de México y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y diversos despachos de abogados independientes, se conformó el Frente Amplio de Abogados en Defensa de los Servicios Públicos y como primera acción fue la elaboración de un formato de queja que puede ser llenado por los propios consumidores para ser presentado ante la Procuraduría Federal del Consumidor más cercana a su domicilio ante la ilegal entrega de recibos que contiene un pago estimado o ponderado no previsto en la ley. Esta acción protegerá a los consumidores y evitara cortes de luz por el reclamo en curso. Los pagos son ilegales porque se fijan sin haberse realizado la toma de lectura correspondiente. Se recomienda que al llegar el recibo se le saque copia y se acompañe al escrito de queja y no realizar el pago de luz hasta que se defina su legalidad ante la autoridad.

Manuel Fuentes, Presidente de la ANAD

 

Prevén fallo condenatorio contra el Estado mexicano por feminicidios en Juárez

Emir Olivares Alonso/  La Jornada/ 30 de nov 09

La próxima semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitirá el fallo por los casos de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos, tres de las ocho víctimas de feminicidio encontradas en noviembre de 2001 en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y otras organizaciones que llevan el caso señalaron que existen todos los elementos para que el tribunal internacional emita una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por violaciones al derecho a la vida, a garantías judiciales y protección judicial, por transgredir derechos del niño y a la integridad personal, entre otros.

Michel Salas Ramírez, abogada del caso, aseveró en entrevista que el fallo contra el Estado mexicano sentará un precedente que obligaría a las autoridades a modificar la Constitución, reconocer públicamente que se violaron derechos humanos, reparar el daño a los deudos y prevenir más feminicidios en el país.

“Esperamos una sentencia condenatoria. La actual administración federal argumenta que se ha esforzado en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, al igual que gobiernos anteriores, no ha logrado solucionar estos crímenes ni castigar a los responsables, no ha reparado el daño ni sancionado a funcionarios implicados; tampoco cuenta con una política eficaz que prevenga y evite más feminicidios. El Estado mexicano sigue siendo responsable a escala internacional”, dijo la litigante.

El juicio por el caso del Campo Algodonero se inició en abril de 2009, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) presentó ante la CIDH una demanda contra México debido a que las autoridades no acataron las recomendaciones que realizó sobre esos crímenes.

En su querella, la Coidh solicitó a la Corte determinar la responsabilidad internacional del Estado mexicano por incurrir en violaciones a tratados y acuerdos mundiales.

Salas indicó que de obtener una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, que es de carácter obligatorio, implicará la modificación de la estructura jurisdiccional y legislativa.

Los demandantes solicitaron que la Corte ordene la reparación del daño para las familias de las víctimas; responsabilice al Estado por secuestro, tortura y homicidio de las jóvenes; exija la sanción a los responsables de los crímenes, incluyendo a autoridades y servidores públicos implicados; demande el castigo a los funcionarios que han cometido irregularidades durante estos años y que se les obligue a no negar ni minimizar los feminicidios.

Asimismo, que México ofrezca una disculpa pública, que la sentencia de la Corte se publique en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos de circulación nacional como un reconocimiento de que el Estado violó derechos humanos.

También pidieron que el tribunal ordene a las autoridades mexicanas realizar reformas estructurales a la Constitución para que se proteja a las mujeres y se evite que hechos similares se repitan. “Esperamos que se ordene una reforma legislativa para que los casos de feminicidio sean investigados en el fuero federal”.

Salas confió en que la Corte obligue a México a conformar un comité internacional de expertos que coadyuve con las autoridades en las diligencias y operativos en torno a los feminicidios.

Asesinan a activista y un estudiante de la UACJ

Jesús Alfredo Portillo Santos era yerno de la fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Su homicidio se suma al del académico Manuel Arroyo, ocurrido en mayo pasado.

Rubén Villalpando, corresponsal
Publicado: 29/11/2009 16:04

Ciudad Juárez, Chih. Un activista y estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) fue asesinado a balazos por dos sujetos cuando se encontraba en un establecimiento comercial. Se trata de Jesús Alfredo Portillo Santos, de 27 años, alumno de la carrera de Diseño Gráfico.

El joven era yerno de Marisela Ortiz Rivera, vocera y fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y del portavoz de la UACJ, Servando Pineda Jaime, quien hace dos días participó en un encuentro de periodistas, donde dijo que el Operativo Conjunto Chihuahua era un fracaso contundente.

De acuerdo con información proporcionada por la familia, Portillo Santos acudió ayer por la tarde a recoger una manta a un establecimiento comercial de la colonia Kilómetro 5, donde llegaron dos personas para presuntamente esconderse de sicarios.

Poco después entraron dos sujetos armados y dispararon indiscriminadamente en el lugar. El joven universitario y activista falleció en el ataque.

Marisela Ortiz Rivera, junto con las defensoras Norma Andrade y María Luisa García Andrade han recibido mensajes en los que amenazan con asesinar a sus hijos.

Asimismo, el profesor universitario Manuel Arroyo Galván fue victimado el 29 de mayo pasado y recientemente fue levantada (secuestro sin intención de rescate) en su casa en el municipio de Nuevo Casas Grandes la activista Alicia Salaiz Orrantía, de 55 años, a quien el 8 de octubre le mataron a su esposo y el año pasado a un hijo.

 

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