La ANAD Sección Estado de México, invitan a la Conferencia magistral “TERRORISMO FISCAL” impartida por el Dr. Jesus Trapaga Reyes de la ANAD, que tendrá verificativo el día domingo 29 de enero a las 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en el auditorio de los nueve pueblos H. Ayuntamiento Constitucional de Ecatepec de Morelos

Avenida Juárez s/n San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, Estado de México; Código Postal 55000

Pilar Noriega García

La Jornada

http://www.jornada.unam.mx/2012/01/19/correo

La importancia del seguimiento puntual del reportero Raúl Llanos a la alteración de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal debe ser resaltada porque es la instancia de administración de justicia en materia administrativa que en la mayoría de los casos debe ser agotada antes de recurrir al amparo.

Con independencia de la investigación y sanción al área de la asamblea o de la administración pública del Distrito Federal que resultara responsable, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) debería tener por objetivo principal la reparación del daño causado a la población, lo que solamente se cumple con la publicación de la norma que en realidad se aprobó, ya que conforme a los artículos 92 y 93 de la Ley Orgánica de la ALDF, ésta debe remitir al jefe de Gobierno las normas que expida para su promulgación, debida aplicación y observancia.

La ley tal cual fue aprobada es indispensable. Hay que considerar que, conforme a los informes anuales de su presidente, no obstante que más de 90 por ciento de las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resultan favorables al particular, solamente se tienen por cumplidas al año menos de 6 por ciento de esas resoluciones.

Pilar Noriega García

Los gigantes de internet como eBay, Facebook, Google, Twitter, Yahoo! y Wikipedia han manifestando su preocupación por las iniciativas.

Afp

La Jornada

Publicado: 18/01/2012 10:32

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/01/18/10325924-201capagan201d-portales-de-internet-en-protesta-contra-ley-antipirateria-de-eu

Washington. La enciclopedia en línea Wikipedia cerró sus páginas en inglés por 24 horas y el gigante de internet Google ocultó su logo con una placa negra al comenzar este miércoles una jornada de protesta contra proyectos de ley antipiratería que estudia el Congreso de Estados Unidos.

“¡Atención estudiantes! Hagan su tarea con tiempo. Wikipedia protestará este miércoles contra una mala ley”, escribió en su cuenta de Twitter Jimmy Wales, fundador de la enciclopedia participativa en línea.

Wikipedia, que el 15 de enero celebró su decimoprimer aniversario, afirma ser la más importante enciclopedia del mundo con más de 20 millones de artículos publicados en 282 lenguas.

“Los últimos detalles están en estudio, pero el consenso parece ser el de realizar un apagón total más que parcial”, precisó Wales. “Esto va a ser estupendo. Espero que Wikipedia haga saltar el sistema telefónico de Washington este miércoles. Pasen este mensaje a todos sus conocidos”, añadió.

Otros proveedores populares de servicios de internet en Estados Unidos, como Reddit y Cheezzburger, se unirían al movimiento de protesta.

La Ley Stop Online Piracy Act (Alto a la Piratería En Línea, SOPA, por su sigla en inglés) está siendo estudiada en la Cámara de Representantes estadunidense, mientras que la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual (IP), que se encuentra en el Senado, apuntan a combatir la piratería en línea.

Los proyectos de ley se han ganado el apoyo de Hollywood, de la industria de la música y de la Cámara de Comercio estadunidense, entre otras agremiaciones.

Ya a mediados de diciembre, varios de los gigantes de internet como eBay, Facebook, Google, Twitter, Yahoo! y Wikipedia, publicaron una carta abierta manifestando su preocupación por estos proyectos de ley.

Según estas empresas, las propuestas legales “darían al gobierno estadounidense el poder de censurar internet y utilizar procedimientos similares a aquellos empleados por China, Malasia o Irán”.

“Todos nosotros tuvimos la oportunidad de fundar grupos o asociaciones (…) que promueven el espíritu empresarial, la innovación, la creación de contenidos y la libre expresión en línea”, escribieron, afirmando temer que el entorno que les permitió su éxito sea puesto en tela de juicio por los legisladores.

“Nos oponemos a estos proyectos de ley porque ellos no son más que formas astutas de cerrar sitios web extranjeros juzgados como agresivos, sin tener que pedir a las sociedades estadounidenses que censuren la internet”, dijo el martes un portavoz de Google, anunciando que la empresa se uniría al movimiento de protesta de este miércoles ocultando su logo con una placa negra.

La Casa Blanca tomó distancia este fin de semana de los proyectos de ley examinados por el Congreso.

“Consideramos que la piratería en internet es un grave problema que necesita de una respuesta legislativa seria, pero no apoyaremos una legislación que reduzca la libertad de expresión, aumente los riesgos para la seguridad cibernética y mine el dinamismo y el caracter innovador de la internet mundial”, señaló la Casa Blanca en un comunicado.

Por su lado, el dueño del gigante de los medios News Corp, Rupert Murdoch, quien apoya la legislación en estudio, denunció en su cuenta de Twitter las presiones de la “blogósfera” “aterrorizando” a los senadores y congresistas que se habían comprometido a apoyar esas polémicas leyes, y que podrían llevarlos a dar una marcha atrás.

Permitimos que el gobierno haya mandado 25 mil millones de dólares para ayuda a los bancos europeos. Que se hayan dilapidado más de mil millones de pesos en la llamada Estela de Luz. Que se les den a los partidos políticos millones de pesos para campañas estériles y huecas. Que se le dé un multimillonario presupuesto al Ejército. Que siga el Fobaproa millonario para apoyar a los banqueros gringos y españoles, dueños de los bancos mexicanos. Que se gasten cientos de millones en publicidad del gobierno federal y los estatales, el Senado, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte, el IFE, etcétera.

En este año se va a ejercer el presupuesto más alto de toda la historia de México, rebasando los 3 billones de pesos. Los ingresos por la venta de petróleo han sido los más altos en este sexenio.

Pero ni un solo peso para que nuestros hermanos indígenas no mueran de hambre, como está sucediendo ahora.

El desprecio de los gobernantes y los políticos por la vida humana es escandaloso, indignante e inmoral. Hagamos algo para parar esto.

Bufete Jurídico Tierra y Libertad AC. Bárbara Zamora, Santos García y Humberto Oseguera

Publicado en el Correo Ilustrado de la Jornada, 16 de enero de 2012

http://www.jornada.unam.mx/2012/01/16/correo

Abogados Medardo Bañuelos Lagunes, Roberto Julio Chávez Delgado, Benjamín Rangel Vargas, Yair Chalico Moedano, Vidal Campos Rojas, Fernando Romero Malpica y Rafael Saldívar Escandón, integrantes de la ANAD Estado de México

Publicado en Correo Ilustrado de La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2012/01/15/correo

José Lavanderos

Publicado en Correo Ilustrado de La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2012/01/15/correo

Es lamentable que el principal partido de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), haya iniciado un proceso de selección para el candidato al Jefe de Gobierno del Distrito Federal dando la espalda al pueblo. No saldrán las urnas a las calles para consultar a la gente ni tampoco se darán debates responsables ni suficientes para comparar, para conocer quién tiene la mejor prepuesta, para saber quién está mejor preparado para gobernar la ciudad más importante del país.

La elección se definirá en una encuesta por empresas privadas, considerando al que tenga el mejor “marketing”; al que se haya convertido en la mejor marca, en el mejor producto, para que llegada la encuesta, la gente, una minoría, la seleccionada al azar, diga que nombre o apellido reconoce más: Barrales, Batres, Mancera, Navarrete, Noroña, Ortega (descritos en orden alfabético).

Son cuantiosos los recursos económicos, unos más que otros, que manejan los precandidatos sin explicar su origen. En parte de la propaganda han aparecido logotipos o referencias de la Asamblea Legislativa, del Senado o de la Procuraduría de Justicia del DF. ¿Es válido usar instituciones o recursos públicos para esos fines?. A mí por lo menos no me parece legítimo ni ético emplearlos, además de estar pendiente su justificación legal.

Algunos candidatos tienen el privilegio de anunciarse hasta en las estaciones del metro, con el visto bueno de los funcionarios del gobierno del Distrito Federal que oficiosamente autorizan una propaganda selectiva que se difunde a millones de usuarios.  A unos si y a otros no. ¿Por qué?

Aún si los recursos que utilizan los precandidatos del PRD para la difusión de su imagen y nombre son personales, los ciudadanos también tenemos derecho a saber el monto de lo aportado y el nombre de los aportantes.  Se trata de una contienda para un gobierno de servicio público y por ello, los recursos y su origen deben ser transparentes.    

Saber el nombre de los aportantes  a los precandidatos del PRD es conocer que intereses hay atrás de cada uno de ellos.  No cualquier samaritano es capaz de aportar decenas o cientos de miles de pesos para un candidato. ¿A cambio de que lo hacen? ¿los derechos de la ciudadanía a ser informados donde quedan?

Para leer el artículo completo ir a la Silla Rota: http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=31176:en-el-df-la-soberanía-no-reside-en-el-pueblo&Itemid=72

Ante un auditorio pleno, integrado por abogados, académicos, dirigentes sindicales y representantes de organizaciones no gubernamentales, el pasado 10 de enero el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, recibió la primera queja por violación a derechos colectivos de los trabajadores de nuestro país. Se trató de una ceremonia histórica, al inaugurar la comisión su nueva competencia otorgada por la reciente reforma constitucional.

La queja presentada denuncia las violaciones a derechos fundamentales del trabajo que contiene el decreto antisindical emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCA) el pasado octubre, fundamenta la intervención de la comisión y expone criterios que intentan destruir de un tajo derechos de los hombres y mujeres de la ciudad para organizarse libremente y negociar en forma colectiva, como en cualquier país democrático del mundo.

Manuel Fuentes Muñiz, consejero de la CDHDF, hizo la presentación de los asistentes que respondieron a una convocatoria sin precedente. El acto consumaba un proceso de concertación en el seno del sindicalismo democrático, que ha considerado fundamental luchar contra el decreto antisindical, reclamando que el respeto a los derechos colectivos es esencial para quienes viven de su trabajo.

Alfonso Bouzas, quien recientemente recibió el premio UNAM 2011 por sus investigaciones en el área social, expuso el marco conceptual de la queja, señaló que está en juego el futuro de los trabajadores de la ciudad y que el decreto antisindical del tribunal laboral constituye un golpe brutal a los trabajadores sujetos a competencia local, al imponer una maraña de requisitos, más de 320, para el ejercicio de los derechos colectivos. En otras palabras, es la sentencia a muerte de este derecho. Héctor Barba, con experiencia de más de 50 años en la defensa de los trabajadores, detalló los argumentos centrales que fundan la urgente atención de la CDHDF para condenar el decreto denunciado, por constituir un agravio a derechos esenciales. Ezequiel García, del Frente Auténtico del Trabajo, dio cuenta pormenorizada del calvario que sufren los trabajadores de nuestra ciudad cuando acuden ante la Junta Local; describió los tortuosos mecanismos para impedir que ejerciten sus derechos colectivos, así como los privilegios y facilidades que tienen los abogados empresariales para depositar, sin trámite alguno, los contratos colectivos de protección patronal.

Carlos Rodríguez, en representación del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), organización con amplio reconocimiento nacional e internacional y experto en convenios internacionales, reflexionó sobre el impacto negativo que tendrá el decreto antisindical, afirmando que al dejar en estado de indefensión a las y los trabajadores se incrementarán los empleos precarios, la reducción salarial y el abuso contra los empleados más débiles; agregó que el decreto antisindical transita en sentido contrario a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su Comité de Libertad Sindical.

Héctor de la Cueva, del Centro de Investigación Laboral y Sindical (Cilas), organización no gubernamental promotora de los derechos laborales, sostuvo que la libertad de asociación es base de los derechos colectivos; México es uno de los países donde más se violan estas garantías, resulta inconcebible que cuando se ha desarrollado una campaña internacional para que el país modifique sus políticas laborales surja una normatividad que de manera abierta y descarada los cancele.

Por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) expusieron su oposición al decreto Rafael Marino, del sindicato de telefonistas, y Carlos Galindo, del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes señalaron que su voz representa los reclamos de los empleados de distintos sectores de la ciudad, que el decreto refleja el diseño de una política que cancela la esperanza de un cambio en el mundo laboral, que la UNT ha decidido movilizarse con todos sus recursos en contra del mismo, proponiendo que el siguiente paso debe ser acudir ante la OIT.

Patricia Juan Pineda expuso argumentos centrales de la queja, las garantías violadas, las jurisprudencias contradichas. Afirmó que no hay vida digna sin trabajo digno, que sólo la organización colectiva puede contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y el salario de las y los trabajadores; hizo referencias específicas acerca de las dificultades que sufren los trabajadores de la construcción, los servicios y del sector educativo de la ciudad, señalando lo absurdo que resulta la negativa de la toma de nota de los comités ejecutivos de las dos instituciones educativas dependientes del gobierno local: el Instituto de Educación Media Superior y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como muestra clara de una política antisindical y de la aplicación del decreto. Advirtió que los argumentos que la JLCA utiliza para obstaculizar el ejercicio de los derechos colectivos son inagotables.

El ombudsman capitalino, después de escuchar a los quejosos, afirmó que se daría curso a la queja: Esperamos estar a la altura de los derechos humanos que el Distrito Federal nos exige; informó que inicialmente se turnaría a la tercera visitaduría, encargada de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que próximamente se crearía una visitaduría especializada en derechos humanos laborales. La reacción del público fue de aplausos. Sin pronunciarse sobre el fondo de la queja, terminó con una frase que marcó el ambiente: Que quede claro, para la comisión, trabajo sin derechos es servidumbre o esclavitud.

PD. Los temas de la recuperación salarial, mejora de la justicia local en el ámbito civil, penal, administrativo y laboral; y la libertad y democracia gremial, ¿deberían ser parte de las agendas de los precandidatos a gobernar la ciudad.

Publicado en la Jornada el 14 de enero de 2012

http://www.jornada.unam.mx/2012/01/14/opinion/018a1pol

A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES

A LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

El próximo martes 10 de enero del presente año entregaremos al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Dr. Luis Armando González Placencia, la Queja por Violaciones a los Derechos Humanos Laborales a consecuencia de la imposición –el pasado mes de octubre-,de “nuevos criterios” por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Cómo hemos señalado en diversas ocasiones y foros, dichos “criterios” atentan entre otras particularidades, contra la libertad sindical, el libre derecho a constituir sindicatos y el derecho a que trabajadoras y trabajadores elijan libremente a sus representantes. Esto constituye un grave atentado al ejercicio de las libertades y derechos fundamentales de las y los trabajadores y sus las organizaciones auténticas.

Hacemos una cordial invitación al acto de entrega, la cita es el próximo 10 de enero a las 12:00 hrs. En la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, avenida Universidad 1449, cerca del metro Viveros.

Agradecemos de antemano su solidaridad y asistencia.

A T E N T A M E N T E

Espacio Plural Contra el Decreto Antisindical de la JLCA-DF